Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Abr 7, 2024 - 7:29 am
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M. habla segura, sin titubeos. La mayoría de las veces, mientras conversa, mantiene la mirada abajo, clavada en las páginas del cuaderno de biología. Escribe y dibuja algo relacionado con algún sistema del cuerpo humano. Ya casi termina el bachillerato y sueña con ser enfermera —dice con la mirada alta, radiante—. Tiene 15 años y el estudio es para ella una tabla de salvación, lo más parecido a la certeza de que hay opciones y oportunidades.

Cuando tenía 12 años, M. fue atrapada por la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna), problema de enormes tentáculos que ha mantenido a flote la cabeza la última semana como uno de los mayores desafíos hoy en la ciudad y municipios aledaños.

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En menos de ocho días salieron a la luz tres aberrantes casos de explotación sexual contra menores de edad en el Valle de Aburrá. Dos en El Poblado —entre ellos el de Timothy Alan Livingston— y uno en La Estrella.

M., por desgracia, sabe lo que es que hombres adultos la lleven a un hotel, a rumbear a un apartamento o a una finca, la citen por redes sociales o la recoja un carro en una calle.

Hoy recibe atención en Casa Vida, un centro de protección de la administración distrital para menores de edad víctimas o en riesgo de Escnna, donde les brindan atención psicosocial, acompañamiento académico, alimentación, arte y recreación, entre otras estrategias para contribuir al restablecimiento de derechos y prevenir que se presenten nuevos casos.

“Estuve en la explotación sexual comercial desde los 12 años. Fui víctima, pero no porque quisiera. Y hablemos con la verdad, no falta el que ya lo haya hecho y le dice a uno ‘mi amor, eso es bien, uno se gana la plata’. Me acuerdo que fue en una fiesta. A pesar de que me ha encantado estudiar, he tenido un mundo muy anormal para mi edad. Pero, como te digo, uno cae muy fácil”, dijo la joven.

En un hogar donde la madre y la abuela no tenían recursos económicos suficientes para solventar los gastos, donde a veces estaban a gatas hasta para comer, M. empezó a lidiar con la necesidad. ¿Cómo es posible que no tenga ni para una toalla higiénica? —recuerda que llegó a preguntarse en medio de un contexto donde comprar un paquete era casi un lujo—. Y los delincuentes mayores de edad se aprovecharon de eso para explotar su cuerpo.

Después de aquella fiesta las vulneraciones a los derechos de M. escalaron. Cuenta que se iba con su hermana, también menor de edad, pero la mayor de las dos, para calles del sector San Diego, donde solían esperar que las recogieran en vehículos para llevarlas a otros sitios y las explotaban.

“A mi hermanita un día la recogió un carro. Al rato volvieron y vi cómo la tiraron cuando frenaron. Le robaron el celular y toda la plata, parece que la escopolaminaron. Es que usted no sabe con qué hombre le puede tocar, las cosas que le vaya a hacer. Uno está vulnerado”, dijo la víctima.

Ahora M. sabe que en ese entorno estuvo expuesta a múltiples riesgos. Describe el día que uno de los explotadores, no conforme con vulnerar sus derechos, también le robó el celular. O cuando otro que la contactó por redes sociales, la trató mal y la amenazó. Pero perdió la cuenta de las veces que estuvo atrapada, indefensa y desorientada por los efectos del alcohol y las drogas mientras era explotada.

La adolescente ha sido víctima de Escnna también en el sector del Lleras, donde dice que pagan mucho más porque buena parte de esa demanda ilegal es de extranjeros —como Timothy Alan Livingston—, pero que es una zona en la que los policías son más pendientes, por lo menos en las calles, que en otros lugares como el Centro.

Sandra Sánchez Álvarez, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín —dependencia a la que está adscrita la Unidad de Niñez que maneja programas como Casa Vida— expresa que al llegar al cargo en enero pasado, en el inicio de la actual administración, encontraron que la Escnna era una realidad que persistía desde años atrás, pero que estaba desbordada porque consideran que hubo una falta de control en el periodo pasado en varias zonas, con el parque Lleras entre las más complejas.

Sabe que no es el único lugar donde pareció normalizarse —en medio de la complicidad de unos y la indiferencia de otros— una ilegalidad rampante que comercia con el cuerpo de niñas, niños y adolescentes. El reporte entregado hace solo unos días por la Seccional de la Fiscalía en Medellín da cuenta de que entre 2020 y 2023 en la ciudad se cometieron 885 delitos de Escnna. Con corte al 15 de marzo, iban 8 casos. Pero los expertos explican que el panorama es tan grave que es muy posible que exista subregistro.

A la comuna 14, El Poblado, se suman sectores donde históricamente ha ocurrido el problema, como el Centro o la comuna 11, Laureles-Estadio. Pero también han identificado que el delito creció —camuflado por inacción y falta de denuncias— en zonas como las escaleras de la comuna 13, San Javier, y otras de la 1, Popular, la 3, Manrique, y la 5, Castilla.

Esto lo ha denunciado mucho la Mesa contra la Escnna, que agrupa a sociedad civil, academia e institucionalidad hace más de una década, y la corporación Con-Vivamos, que lleva 34 años en Popular y Santo Domingo con esta lucha. Esos lugares son algunos priorizados por la alcaldía para hacer recorridos, tener presencia 24/7 o acercar oferta a las familias con el fin de proteger a los menores de edad.

“Hay demasiado riesgo”

J. es un adolescente gay y migrante de 15 años que también ha sido víctima y recibe atención en Casa Vida. Quiere ser administrador de empresas. Aunque dice que en su caso han sido ocasiones esporádicas de Escnna, coincide con M. en que la vulnerabilidad económica de las familias abona el camino para este delito.

Quienes lo cometen —cuenta— son adultos de todas las edades que buscan cumplir sus perversiones con menores de edad. Relata además que hay zonas donde a niños, niñas y adolescentes explotados los actores que ejercen control territorial les ponen el precio.

“A veces pasa que ese señor me dice que estemos, que salgamos y me da plata, y así. Uno en una urgencia de darle alguna cosa a los padres o para uno mismo, acepta. Uno lo hace por la necesidad, yo no soy de salir y pararme por ahí. A mí me buscaban por celular, uno queda en un lugar y lo pasan a recoger. A veces nos veíamos, íbamos a un hotel o a la misma casa de la persona”, dijo el menor.

Tanto M. como J. relatan que hay hoteles y establecimientos nocturnos con controles rigurosos, a los que no los dejan entrar. Pero en otros basta dar un número de cédula cualquiera, hacerse pasar por mayor de edad y decir que se le quedó el documento.

Sus palabras reflejan lo que organizaciones han alertado. El docente Iván Muñoz, integrante de la Mesa contra la Escnna, señaló hace poco que el delito se extendió por la ciudad y que no solo se presenta en lugares públicos reconocidos, hay proliferación de sitios de rumba en los barrios y un auge de contactar a las víctimas por plataformas digitales, a lo que se suma el crecimiento del turismo.

Los adolescentes coinciden además en que hay una estrecha relación entre la Escnna y el consumo, y aseguran que es muy común que en distintos entornos les ofrezcan drogas y alcohol. Es por esto que a Casa Vida llegan algunos que no son víctimas de explotación sexual, pero están en un riesgo latente del que deben alejarlos con urgencia.

Por ejemplo, F. llegó allí porque no desea nada tanto como terminar el bachillerato —también le falta poco— y porque busca huir a toda costa de los peligros que ella misma identifica alrededor de su casa y que no han podido atraparla: las drogas y la explotación sexual. Cree que lo más importante es que los profesores y profesionales le dan siempre el mejor trato y la animan a estudiar teatro, su sueño.

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“Donde vivo, si un niño quiere comprar droga, se la venden de una. Y la verdad, sí hay mucho riesgo de Escnna, se ven niñas de 12, 13 años, por ahí explotadas por hombres. Me pongo a analizar, ¿cómo harán para vivir eso? Porque más que todo se ven niñas#, dijo.

Ante este panorama, uno de los frentes de Casa Vida es resguardar a los menores de edad desde primera hora de la mañana hasta el final de la tarde y combatir la desescolarización, otro factor que influye en que caigan en estos delitos.

Al programa —que tiene una modalidad abierta y otra de internado— llegan los menores de edad, según cada caso, teniendo en cuenta factores como la edad, el grado de riesgo o victimización y los vínculos con las familias. Son identificados en los recorridos que hacen las autoridades, tras ser rescatados o dirigidos desde los centros de familia que hay en cada comuna y corregimiento para acompañar a los hogares, para que fortalezcan los vínculos y mitigar otros detonantes de la Escnna, como la violencia intrafamiliar y el abuso sexual en casa.

La permanencia en el programa puede ser de más de un año, tiempo en el que estudian; asisten a clases de danza, música, expresión corporal, maquillaje o pintura; hacen salidas terapéuticas para ampliar su mirada de ciudad; se conectan con el sistema de salud; y reciben alimentación.

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Pero lo más importante es que los escuchan, los orientan y les inculcan el cuidado del propio cuerpo, una noción que muchas veces pierden. Por ello, el acompañamiento puede ir hasta que cumplan 18 años o hasta que haya garantía de que no habrá reincidencia de la victimización.

“Las familias se prestan”

“Muchas veces las mismas familias se prestan para la explotación. Hubo un caso de una señora del barrio que vendía a sus hijas de 14 y 12 años a hombres en su propia casa. Hasta que un día llegó el Bienestar (Icbf), investigaron y se dieron cuenta de todo”.

La anécdota la cuenta C., un adolescente que llegó a Medellín hace tres años desplazado con su familia desde otro departamento. Habiendo perdido un año escolar por esta causa y en una ciudad ajena —donde en la dinámica del nuevo barrio abundaba la oferta de droga y la Escnna—, aceptó pertenecer a Casa Vida. Agradece que puede estudiar, practicar el baile —que dice que lleva en la sangre— y que lo han llevado a lugares desconocidos para él, como el edificio Coltejer que tanto le gustó.

Para Gloria Isabel Soto, coordinadora del programa Casa Vida, una de las apuestas más difíciles es alejar a los menores de edad de los celulares y otros dispositivos que se han convertido en una de las formas más usuales por las cuales los contactan y los atrapan para explotarlos o inducirlos a escenarios de riesgo. Pero también es clave que las familias participen en talleres y sesiones de orientación profesional para mejorar sus competencias como cuidadores.

“Llegué a Casa Vida porque en la casa no tenía todos los días desayuno, almuerzo y comida, y porque me salí a mitad de año del colegio porque mi abuela se enfermó y me tocó ayudarla con las pastillas, la casa, el almuerzo y todo”.

Desescolarizada, en una difícil situación económica y con otros hermanos menores que ella, R. estaba en un riesgo latente de Escnna.

“Me ofrecían tener relaciones y me decían que lo que yo cobrara. Pero gracias a Dios nunca caí, tampoco en el vicio, no me gusta ni el trago. Siempre he anhelado estudiar y acá me dan la oportunidad. Eso me hace feliz, mi mayor sueño es terminar mi estudio”.

Paola Andrea Giraldo, directora Técnica de la Unidad de Niñez, reiteró la importancia de enganchar a los menores de edad al sistema educativo y a actividades que les permitan explotar talentos que en ocasiones se ven opacados por el delito de la Escnna y el consumo de drogas. La proyección es tener centros especiales y estrategias itinerantes en las comunas, donde todos los menores de edad puedan acceder a herramientas para ser quienes quieren ser, para cumplir propósitos de vida.

Toda esta realidad llevó a que la administración asumiera el compromiso —ahora bajo el escrutinio de una parte de la sociedad que parece haberse cansado de este delito— de retomar, fortalecer y mejorar los planes integrales para enfrentar este “monstruo” que cercena los derechos de los menores de edad, sobre quienes muchas veces recaen la culpa, el juicio, el reproche y la revictimización.

La pedagogía, la sensibilización y las acciones de prevención son claves, dice la secretaria de Inclusión, lo que implica que todas las instituciones competentes tengan una mejor articulación.

“Estamos buscando la buena articulación con la Policía de Infancia, retomar el relacionamiento con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ese desborde de explotación sexual, el no control de la ciudad, lo que hizo fue impulsarla más y que varios espacios fueran normalizados con la problemática”.

“Después de lo que viví y lo que he aprendido, sé lo malo que es la explotación sexual. Quiero terminar de estudiar, conseguir trabajo, apenas tengo 15 años”.

M. lo dice con convicción, al igual que los demás. Pero no basta con la voluntad de ellos. Hace falta el compromiso de la familia para protegerlos; de la institucionalidad para darles opciones; de las autoridades para atender los casos poniendo por encima sus derechos, activando rutas a tiempo, no dejando ir a los victimarios, jamás señalando a las víctimas.

Hay otro rol clave, el de la sociedad, hoteleros, transportadores, comerciantes, medios de comunicación, ciudadanos de a pie. Todos están llamados a denunciar a tiempo cualquier evidencia o sospecha de Escnna, a través del 123, el 141 del Icbf y el 122 de la Fiscalía.

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