Han causado diversas reacciones las declaraciones de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, exjefe del Eln, sobre la idea de movilizar a la ciudadanía, una consigna que con frecuencia esgrime el presidente Gustavo Petro.
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Alias ‘Gabino’, hoy delegado del Eln en los diálogos de paz con el Gobierno de Petro, sostuvo que el propósito final (“la cúspide”) es el “estallido social”, una situación de la que ya tuvo una muestra Colombia con el paro y las manifestaciones del 2021, cuando se conocieron los desmanes, por ejemplo, de la ‘primera línea’.
“Pero hay que seguir trabajando, y en eso con el Gobierno estamos de acuerdo en que es necesario movilizar y organizar al pueblo en base a asuntos concretos de las reformas y las necesidades inmediatas, pero con una proyección importante”, agregó alias ‘Gabino’ en un video difundido en un evento de la Universidad Nacional de Colombia.
En línea con el discurso de ese grupo armado, que invoca a la población como alma y nervio de su accionar, aunque nadie por vía democrática le haya entregado esa misión, alias ‘Gabino’ continuó con su exposición.
“Por eso, en la participación de la sociedad que consideramos el corazón de este proceso de paz, pues lo planteamos como una urgencia porque es el pueblo el que tenga la voz y diga cuál es el camino y cuál es el puerto de llegada. Tanto en el aspecto táctico de la coyuntura como en el estratégico”, agregó.
Sin embargo, esa voz del pueblo que clama por la paz en sus territorios no la escuchó en días pasados el Eln en el Chocó. En ese departamento, el autodenominado ‘Frente Occidental de Guerra’ del Eln atemorizó y confinó a 30.000 pobladores de la región del San Juan con lo que llamó un ‘paro armado’, particularmente en los municipios de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita.
El hecho, en medio de un cese al fuego con el Gobierno de Petro, provocó un fuerte pronunciamiento del alto comisionado para la paz, Otty Patiño: “La declaración de ‘paro armado’ del Eln es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”.
Pero, más allá de eso, llama la atención la coincidencia de los conceptos entre esa guerrilla y el presidente Petro, muy inclinado a llamar a las calles a los ciudadanos con frecuencia.
Su más reciente convocatoria, aduciendo lo que llamó una “ruptura institucional”, la hizo con ocasión de dos hechos producidos en el marco legal, pero que el mandatario consideró irregulares: primero, la suspensión de su canciller, Álvaro Leyva Durán, por presuntas irregularidades en el contrato para la elaboración de pasaportes.
El segundo hecho fue la elección, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general en reemplazo del saliente Francisco Barbosa. Para presionar ese hecho, manifestantes asediaron el Palacio de Justicia e impidieron la libre locomoción de los magistrados.
Mientras que Petro lo negó enfáticamente, los presientes de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional reafirmaron que sí hubo asedio al Palacio de Justicia y exigieron respeto al Ejecutivo a los tiempos que debe tomarse la Corte Suprema para elegir fiscal.
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