Inicialmente, la Superintendencia de Sociedades interpuso una tutela en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro exigiendo inscribir el megalote a disposición de la liquidadora de DMG, que al momento de su intervención estaba en proceso de compra, como parte de la reparación de las víctimas de la pirámide, informó El Tiempo.

Sin embargo, un juez negó esa petición y el caso tuvo que pasar a manos del Tribunal de Cundinamarca, que tendrá que tomar la decisión en segunda instancia, añadió el medio.

Además, las empresas Inversiones López Piñeros y Colbank (de propiedad del empresario Juan Carlos López) que iniciaron el proceso de venta del lote a DMG, se negaron a perder el dominio sobre el bien y alegaron que el negocio de adjudicación a esa firma “nunca se perfeccionó”, explicó el medio.

Ante esto, en 2014, la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a esa propiedad y pidió que fuera inscrita entre los bienes de DMG bajo el argumento de que Juan Carlos Valencia y Luis Eduardo Gutiérrez Robayo, representantes de la pirámide durante el negocio, ya habían entregado 23.000 millones de pesos para efectuar la compra.

Por otra parte, el paramilitar y narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera reportó ante las autoridades el mismo bien como parte de su reparación e indemnización a las víctimas en medio del conflicto armado, mencionó el diario.

Por todo lo anterior, el medio destacó que el proceso de matrícula del lote se encuentra bloqueado hasta que no se defina legal y jurídicamente a quién pertenece.

Lo que es claro es que cerca de 210.000 personas perdieron sus recursos que invirtieron en DMG (800.000 millones de pesos) y que, a la fecha, solamente 21.000 recibieron algún tipo de compensación por una cifra promedio de 94.000 millones de pesos, según La FM.

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