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La Fiscalía General abrió una noticia criminal con el fin de investigar si se incurrió en presuntos actos de corrupción en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC).
El anuncio se conoció durante una reunión en las instalaciones de la Contraloría General de la República, liderada por el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, con la participación del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
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Esta última fue la encargada de anunciar que un equipo especializado tiene en su poder los fallos de responsabilidad fiscal que se han emitido por cerca de tres billones de pesos contra Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
De ahí que se tomará el material probatorio para establecer si hubo actuación penal imputable en las operaciones e inversión de recursos destinados al pago de las UPC y los presupuesto máximos que transfiere la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), para los servicios y tecnología que no están dentro de la UPC.
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Así mismo, se conformarán mesas interinstitucionales para hacer seguimiento a las denuncias sobre presuntos actos de corrupción con el manejo de los recursos de la salud y si en consecuencia habría lugar a endilgar responsabilidades penales.
En el proceso de investigación, el ente acusador también incluyó establecer si han existido malos manejos en el pago de horarios no laborados y la compra de implementos que no se necesitan en el plan de salud.
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A propósito, el pasado viernes ante los magistrados de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud explicó el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Se trata del valor que se paga a las entidades de salud por sus servicios y que el Ejecutivo fijó para 2024 en 12,01%, cifra que a las EPS –que esperaban que este aumento fuese de entre 16% y 18%–, han considerado como insuficiente.
“No representa un crecimiento real, no corrige la desviación acumulada del sistema de los últimos años y, por el contrario, aumenta el desequilibrio financiero”, alertó en su momento la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral.
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A su vez, el ministro Jaramillo, abrió la puerta a revisar el cálculo de la UPC. Sin embargo, reclamó que, aun cuando hubo un incremento en el 29 % del presupuesto del Ministerio, “casi todo” se ha transferido al pago de la UPC.
“Hay necesidad, yo estoy totalmente de acuerdo, que se revise la UPC, pero por eso nosotros pretendemos –no voy a entrar allá–, que no existan UPC de subsidiados ni de contributivo, y que miremos en detalle qué es lo que estamos haciendo. Ya hoy solamente las enfermedades crónicas de alto costo, las huérfanas, se están llevando casi el 20 % de los recursos”, explicó el funcionario.
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Fiscalía, Contraloría y Defensoría se pusieron cita en este encuentro técnico, tras al jalón de orejas de la Corte Constitucional, que calificó como “raquítico” el esfuerzo de los entes de control para hacerle frente a la corrupción en el sistema de salud.
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