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En un reciente comunicado, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha expresado inquietudes significativas con respecto a las acciones tomadas por el Gobierno de Gustavo Petro para abordar la crisis en el departamento de La Guajira.
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El ejecutivo emitió el Decreto No. 1085 de 2023, que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en la región, así como el Decreto Legislativo No. 1277 de 2023.
La ACM plantea que, según su análisis, los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no han sido debidamente fundamentados en el decreto mencionado.
En su declaración, la asociación señala que las disposiciones del Gobierno presentan un amplio margen de aplicabilidad y podrían implicar la alteración y desestimación de instrumentos ambientales previamente otorgados. Esto, a su vez, podría dar lugar a arbitrariedades y perjudicar la certeza jurídica de las actividades empresariales y productivas, incluso afectando proyectos mineros ya establecidos o futuros.
Un elemento adicional resaltado por el sector minero es que ciertas medidas contenidas en los decretos buscan alterar el ordenamiento territorial, otorgando prioridad a ciertas actividades productivas en detrimento de otras, aparentemente sin basarse en fundamentos técnicos sólidos.
La ACM también argumenta que, en el contexto de una emergencia económica, que también vendría con incremento a las tarifas de energías, las acciones tomadas para hacer frente a la crisis deberían dirigirse hacia la búsqueda de soluciones, en lugar de regular o prohibir las actividades productivas que contribuyen al bienestar y desarrollo del departamento.
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La asociación sostiene que estas acciones generan incertidumbre, impactan en la generación de recursos y empleo, y empeoran la situación que ya enfrenta la región.
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Por último, aunque la ACM reconoce la trascendencia de las razones detrás de la declaración de emergencia, enfatiza que estas no están relacionadas con las actividades productivas.
Por lo tanto, hacen hincapié en que los decretos de fuerza legislativa emitidos en este contexto deben estar respaldados y vinculados directamente a la crisis en cuestión. En otras palabras, la asociación hace un llamado a que estas medidas no sean utilizadas para menoscabar los proyectos y operaciones ya establecidos en el departamento.
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