Hace un mes, el presidente Gustavo Petro presentó una cifra considerable para comprar las 3 millones de hectáreas de tierra fértil, que el Gobierno pretende entregarles a comunidades indígenas y campesinas. El costo oscila entre $10 millones y $20 millones por hectárea, lo que quiere decir que se necesitaría entre $30 y $60 billones para la compra de dichos terrenos.
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De hecho, el promedio de precios por esta área en el país está entre $40 millones a $50 millones, teniendo en cuenta las características que busca el Ministerio de Agricultura: con vías de acceso, buenas tierras y agua, por lo que solo las 3 millones iniciales costarían $150 billones u ocho reformas tributarias, y no $60 billones como prevé el presidente Petro.
Desde hace una semana, los ganaderos agremiados en Fedegan firmaron un acuerdo para vender esa cantidad de tierra, la cual hace parte de las casi 29 millones de hectáreas que hoy tienen.
Wilson Vergara, docente del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, indicó que el acuerdo firmado entre el Gobierno y los ganaderos, a pesar de ser un hecho histórico, tiene un simbolismo relevante para el país, ya que el conflicto armado tuvo su origen, para muchos autores, en la disputa por la tierra entre campesinos y latifundistas. “Esa firma representa mucho para lograr la paz y hacer cumplir los acuerdos que ya se pactaron”, explicó Vergara.
A su vez, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas consideró que la voluntad de las dos partes para poner en marcha un programa de compra de tierra es un gran paso, ya que “una relación entre ganaderos y Gobierno de cooperación y no confrontación es lo que más le sirve al país”.
Para Cárdenas, pagar precios según el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es lo correcto. “Se debe comenzar con la compra de predios en aquellos municipios donde el Catastro Multipropósito vaya produciendo resultados. El ritmo de 500 mil hectáreas por año sugerido por el presidente Petro es razonable operativa y finalmente”.
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El académico Vergara precisó que las tierras que comprará el Gobierno deben ser de calidad y las debe verificar. “Tienen que ser fértiles, legales en los títulos de propiedad, acceso a los mercados y sean útiles a los campesinos. Esto es para cumplir el primer punto, que es el agrario, del acuerdo de paz”.
El exministro puntualizó que a un precio promedio de $20 millones por hectárea representan $10 billones por año. Según sus cálculos, no es una cifra fácil de manejar para el Ministerio Hacienda
“Colombia lograría la democratización de la propiedad rural, sin arbitrariedades y más conflicto. El costo fiscal no debe recaer solo en el Gobierno nacional; las regiones, vía el Sistema General de Regalías, deben hacer su aporte”, recomendó Cárdenas.
En este mismo sentido, Vergara afirmó que el propósito central de la compra es reducir la inequidad del acceso y uso de la tierra en el país. Además, hay que tener en cuenta que la tierra para la ganadería produce poco valor por hectárea, pues en promedio una hectárea por cultivos produce 17 veces más que una dedicada a la ganadería.
“Esto también es un asunto para aumentar la productividad y ambiental, porque la ganadería necesita mucha tierra para producir un kilo de carne y quitar la presión de la deforestación. Incluso la ganadería genera poco empleo por hectárea, mientras que la producción de los pequeños agricultores genera casi todo el empleo en la agricultura”, explicó el director del Observatorio.
Recordó que en Colombia existen 40 millones de hectáreas en ganadería cuando la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra, acaba de decir que solo debería haber 8 millones. A su vez, se habla que el país tiene una vocación para 20 millones de hectáreas en cultivos, solo se cultivan 6 millones.
Vergara consideró que todo esto es el primer paso para una reforma agraria y que, probablemente, sea insuficiente porque es un camino que puede tardar mucho tiempo, ya que 3 millones de hectáreas pueden ser escasas para hacer en profundidad una verdadera reforma.
Asimismo, Hugo Fernando Guerrero, investigador de La Salle, dijo que es un hito porque se tardaron siglos en lograr centrar los ganaderos y ponerlos en disposición a entregar su tierra, por supuesto, aparte de una compensación, pero implica un compromiso del gremio a una plataforma política que propone este Gobierno.
Además, Guerrero explica que es un espaldarazo no tanto al Gobierno y sí a las propuestas. No acceder implicaría una mayor polarización y a nadie le conviene y mucho menos al sector ganadero en convertirse en enemigo de la paz.
En este mismo sentido, Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación aplicada del Instituto de Desarrollo Rural de Ordenamiento Territorial de la Javeriana de Cali, expresa que definitivamente es histórico en el diálogo social del país que de los sectores, digamos más conservadores y más reaccionarios con respecto al control de la tierra, estén dispuestos a negociarlas con el Estado para dársela a comunidades y a sujetos de acceso a tierra.
“Claramente muestra un ejercicio de diálogo social realmente sin presentes en los últimos años, quizás comparable de alguna manera con el acuerdo mismo de paz”, asegura Duarte.
¿De dónde saldrá la plata y cómo se pagará el negocio?
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, advirtió esta semana que “no se puede comprar tierras con bonos de deuda pública o TES”. A pesar de esta aclaración la ministra de Agricultura, Cecilia López, en entrevista con el diario La República, afirmó que, si aún no está definido cómo se financiará ese punto de la reforma agraria, detalló que una vía podría ser un fondo entre ambos ministerios. A su vez, no descartó la colocación de deuda para encontrar recursos.
Wilson Vergara, docente del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, aseguró que la búsqueda de los recursos para dicha compra será difícil. “Si estamos hablando de tierra fértil, podría estar costando entre $20 millones y $30 millones por hectárea, pero sabemos que la tierra muy buena tiene un valor comercial mucho más elevado que estaría por encima de los $50 millones”.
Al promediar $30 millones por 3 millones de hectáreas, esa operación da entre $60 billones y $90 billones. ¿De dónde saldrá esa plata? “No tengo una respuesta específica. El Gobierno inicialmente dijo que usaría bonos de deuda pública, pero el ministro de Hacienda desmintió porque estaba prohibido usarlos para esa destinación”.
Vergara dijo que si se hace un análisis costo/beneficio, el país deberá entender que tiene que asumir la compra de tierras porque por el conflicto de la tierra, Colombia está sumida en violencia, pobreza y desigualdad, que ha costado crecimiento económico y un desarrollo con obstáculos.
De esta manera, está pendiente el modelo de financiación que construirán Minhacienda y Minagricultura, mientras eso ocurre, López se refirió a más dudas detrás del plan de compra de tierras que extenderá no solo para ganaderos, sino más sectores. Lo más claro es que dice que el plan “está firme”, y que desde ya hace cuentas con que las compras empiecen hasta más tardar a comienzo de 2023 y se entreguen 500 mil hectáreas por año.
“El presidente dio una idea muy general y ya sabemos que es un monto de recursos muy grande, que no incluye lo que nos cuesta llevar todo el paquete de apoyo, eso no está metido en los cálculos de él. Lo que estamos haciendo es mirar cómo hacemos para que los flujos del Estado no se limiten a la vigencia del presupuesto, ahí estamos discutiendo con Hacienda qué tipo de fondo creamos para que no se nos quite la plata, si no podemos ejecutar en un año”, explicó la ministra de Agricultura, Cecilia López.
Los retos para el desarrollo operativo
Varias son las acciones y retos que debe afrontar tanto el Gobierno como el mismo gremio de ganaderos para que el convenio no se quede en el papel sino que cumpla con su propósito.
Duarte, profesor de la Javeriana en Cali, considera que entre los retos están: el de arquitectura agraria contemporánea para comprar tierras en esa magnitud; además se tienen que fijar los procedimientos de los avalúos comerciales para comprar los predios y que no se construya un mercado inflacionario de la tierra por esta inyección tan grande de recursos públicos.
En voz de Guerrero, una vez se tengan las tierras, se debe realizar un estudio profundo desde una perspectiva no solo productiva sino social; mirar cuáles son los criterios de entrega y quiénes serán los beneficiados, así como los sitios donde se ubicarán, que sean importantes y adecuados, para que la entrega realmente impacte la paz total que plantea el Gobierno de Petro.
Garantizar servicios
Tras la firma del convenio, el presidente Petro anunció que se adelantará la construcción de vías terciarias necesarias para facilitar la comercialización de los productos de quienes tengan acceso a esas tierras.
En este sentido, Vergara considera que el actual gobierno se ha comprometido a cumplir lo que dice el acuerdo de Paz de La Habana, en el punto del tema agrario y el acuerdo señala que no es solamente darles tierra sino un acceso integral. Es decir, que sea tierra pero con bienes públicos para evitar ese fracaso de los intentos de reforma agraria anteriores donde se les dio tierras en las zonas de la frontera agraria donde el Estado no podía llegar con bienes públicos.
Finalmente, hay que trabajar sobre dos puntos: uno, es que estén cerca de los mercados donde además haya vías de acceso, y no en zona de frontera, y dos, se requiere capital de trabajo, créditos que deben tener condiciones especiales para el campesinado y además, se necesita asistencia técnica servicios de extensión rural, de información y formación del capital humano.
A todo esto se le ha llamado capital básico para la agricultura, compuesto por bienes públicos indispensables para que se puedan desarrollar proyectos productivos que deben ser complementarios al acceso a la tierra y que se pueda realmente garantizar la supervivencia de la economía campesina.
Dato
En los últimos 12 años, las invasiones tuvieron un crecimiento sostenido entre 2015 a 2018, se mantuvo estable en 2019 y en 2022 ha decrecido.
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