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En un expediente único, Colombia le ganó una millonaria demanda a lo que quedó de la quebrada empresa Petroleum Exploration International, conocida en la década de los 2.000 como Pexín. Se trataba de una sociedad extranjera que alguna vez ofreció servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural en Colombia. La victoria no solo significa un precedente por el respeto de las funciones de la Dian, sino también le significó al Estado ganancias por $ 350.000 millones.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de darle la razón a la Dian, que hará próximamente un gran anuncio, en un pleito que duró años y en la que Colombia se defendió con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El centro de la disputa estaba en la burla que le hizo la empresa de asistencia petrolera, hoy en reorganización, a la Dian por la importación de maquinaria de trabajo que, aunque fue decomisada, siguió siendo utilizada como si nada.
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La historia de este expediente comienza en agosto de 2009, cuando la sociedad Pexín ingresó al país un equipo de perforación, bajo la modalidad de importación temporal a corto plazo. El término era de seis meses, como lo autorizó la Dian en 2010. Pexín utilizó la maquinaria importada en un proyecto ubicado en Puerto Asís (Putumayo). La Dian otorgó un plazo adicional de seis meses, pero, al dar la mano, le tomaron el codo.
Pexín empezó a hacer lo posible por despistar a los funcionarios de la Dian, al punto que le ocultaron la existencia de la maquinaria. Esa aparente mágica desaparición tenía una explicación y era que Pexín había arrendado la maquinaria a la compañía Vetra, la cual realiza los mismos servicios en Colombia. Al final, el elemento importado, que debía haber sido decomisado por la Dian en 2011, terminó siendo encontrado en 2015 en un pozo de exploración denominado Quinde, también en Putumayo.
La Dian, que hizo seria advertencia, contrató a una empresa para hacerle inspección al equipo de perforación, el cual terminó desmantelado y almacenado en Neiva y Bogotá. El contratista concluyó que los componentes no estaban operando y, de hecho, los clasificó como “chatarra”, aunque tenía una vida útil de hasta 30 años. Con ello, la Dian interpuso una demanda contra Pexín, la cual había quebrado años atrás y que terminó su relación con Colombia en 2019, al abstenerse de renovar su matricula en el Rues.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que “la sociedad demandada no demostró haber finalizado la importación temporal de esa mercancía, por cualquiera de los mecanismos indicados. Y si bien dijo haber solicitado su la legalización voluntaria, no acreditó el pago de los tributos y las sanciones para ese trámite. Ante esa situación, la autoridad aduanera contaba con los fundamentos reglamentarios para aprehender, de manera preventiva, la mercancía indebidamente introducida al país”, explicó.
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Por tanto, por daño emergente, el Tribunal concedió una indemnización de $ 91.000 millones a favor de la Dian, que buscaría darle una buena noticia a las mujeres de Colombia. Y, además, más de $ 255.000 millones por lucro cesante, por el dinero que dejó de recibir el Estado por la jugadita de Pexín para ocultar la maquinaria. El Tribunal encontró que Pexín, mientras ocultaba su maquina de las autoridades, había firmado dos contratos de préstamo con Vetra, en 2012 y 2013. Así lo confirmó el representante legal de la compañía nacional, quien aseguró que utilizó ese taladro de perforación entre 2014 y 2015.
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