Una serie de hechos del primer trimestre que empiezan con el atentado terrorista a la Escuela General Santander y se alimentan de la visita de estado del presidente Duque a Estados Unidos y la campaña diplomática para liberar a Venezuela de la tiranía de Maduro, además de un cuestionado operativo con recursos de la fiscalía donde cae un fiscal involucrado en un caso de la JEP, facilitan un escenario que manosea los asuntos de Venezuela y de la paz para radicalizar a la ciudadanía.
Lo que además impide una reflexión serena y permite que las objeciones a la JEP presentadas por el gobierno encuentren respaldo en la opinión pública como factor de gobernabilidad, promoviendo la ficción de un estado de opinión de buenos y malos donde solo restan las opciones del que se lucra y hace parte u opta por la rebelión, legando una discusión sin matices, sin cabeza, con recurso a la moral, apenas de emoción.
Práctica que no resulta nueva y que el uribismo ha sabido aprovechar cuando se opuso al plebiscito, al acuerdo de Cartagena y al posterior pacto del Colón.
Como lo narra María Jimena Duzán en su libro sobre Santos, la incertidumbre que generó para las fuerzas militares, el gobierno y los desmovilizados la derrota del plebiscito, logró que el mismo Uribe participara en las reuniones del Ministerio del Interior para ajustar los acuerdos de Cartagena y luego se distanciara en bloque de los futuros acuerdos del Colón, precisamente para no perder la bandera de oponerse a estos acuerdos, bajo el cálculo electoral de mantener esa disputa y facturarla a su favor en las elecciones presidenciales, como finalmente ocurrió.
Por eso lo más cuestionable a Santos es no haber firmado la Paz con Uribe tras el acuerdo con las FARC y permitido un debate plebiscitario que replicó su oposición, donde las emociones morales primarias se han impuesto a la institucionalidad del estado que apostó a la desmovilización de la subversión, de lejos necesaria y conveniente para diseñar un nuevo país, pero intolerable para quienes encuentran en esta afrenta un discurso para mantenerse vigentes en la lucha por el poder.
Si bien todo acuerdo de paz existe porque transa niveles de impunidad con justicia a cambio de la dejación de las armas como objetivo final, -lo que no es innovador y se ha hecho en mil procesos-, las objeciones a la JEP retroceden al país a la discusión moral del deber ser que tampoco existe en la realidad sino que reside apenas en el deseo de impartir justicia como una versión de la venganza institucional.
Esta revisión de la JEP también genera un desequilibrio de poderes porque sugiere que cada gobierno quiere tener una corte de bolsillo cuyos fallos no perduren en el tiempo y sean desmontados al capricho de cada nuevo gobierno, como si las cortes fueran juzgados de oficio del poder ejecutivo.
La inestabilidad jurídica e institucional con ocasión de la paz es además de indeseable, una apuesta peligrosa que sujeta el estado social de derecho al arbitrio del presidente de turno, práctica monárquica en desuso que sólo persiste en regímenes autoritarios de derecha e izquierda que a todas luces hay que evitar.
Y para las víctimas de las que ya no se habla, anula la posibilidad de conocer la verdad y genera más inestabilidad en su reparación, de lejos las más perjudicadas e ignoradas en esta pelea pensada en un cálculo electoral.
Por eso la gran pregunta que se hacen en las regiones y las ciudades es si los temas nacionales que impulsan una polarización entre amigos y enemigos de la paz, la impunidad o la justicia y el intervencionismo militar en Venezuela contra el castrochavismo madurista, serán o no determinantes en las elecciones regionales.
Valga decir que las elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país, cobran mayor relevancia por cuanto la aparente negativa del gobierno de enmermelar a las bases del partido, podría encontrar su ‘alivio” conquistando los poderes locales y sus presupuestos.
En este escenario, el tradicional clientelismo o voto estomacal que reside en las elecciones locales, quedaría menoscabado por la agenda nacional que persigue arrinconar a justos e infieles pero no resuelve las necesidades ni problemas que día a día padecen los ciudadanos.
Ello dejaría entonces a las opciones más mesuradas y reflexivas del centro político, la oportunidad de revertir la cadena de odios y fanatismos con que se quiere conquistar este año a los electores y arrinconarlos para que escojan entre el bien y el mal, como en el medioevo, al que este país se sigue enfrentando y creyó superar con la firma de la paz para entrar a la modernidad.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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