La visita de Timochenko a mi ciudad (Armenia, Quindío) me hizo pensar en varias cosas sobre el posconflicto y su relación con la sanción social. Personalmente, la candidatura de Timochenko y otros miembros de Farc revela una clara cuestión y es su egolatría basada en pretender eludir sus cargas y errores.

El abucheo a Timochenko en una ciudad relativamente pacifica y amable demuestra que lo que hicieron las Farc no se ha borrado de inmediato de la mente de los colombianos. Una vez suscrito el acuerdo de paz, el otrora grupo guerrillero cometió varios errores, uno de ellos monumental y es haber postulado a Rodrigo Londoño como candidato presidencial, no sin antes haber contado la verdad, haber reparado y, lo más grave, sin haber pasado por la justicia. ‘Timo’, como lo llaman sus amigos y simpatizantes, ahora apela al sentir democrático, a la conciencia social bajo el rotulo del “común”.

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La huida de Timochenko casi que corriendo con chaleco antibalas y con un fuerte esquema de seguridad parece evocar las seguidillas que hace la sociedad contra quienes han cometidos crímenes totalmente reprochables. La turba enardecida en Armenia que lleva consigo una censura y sanción social implícita puede ser comparada con uno de los sentimientos mas primitivos de los seres humanos, el odio.

Sin haber aún pasado por la justicia y en plena campaña electoral, ‘Timochenko’ produce todo tipo de emociones. Pero, acompañado del odio, se suma la sensación de impunidad, fantasma que ronda el mentado acuerdo entre el Gobierno y las Farc. La lucha contra la impunidad, aspiración que sin lugar a duda acompaña a la humanidad desde sus inicios lleva un mensaje claro y es que, si la institucionalidad no disuade al criminal, dicha sociedad se expone a daños futuros.

Particularmente en este país, la mediatización del conflicto hace parte del proceso penal y está relacionado con la envergadura del delito. Rafael Uribe Noguera, un importante y adinerado arquitecto verdugo de la pequeña Yuliana, fue linchado al momento que lo trasladaban al juzgado para recibir su condena: pedían su cabeza por el terrible delito que llevaría la firma de su muerte, hecho que no ocurrió por notables razones. Haciendo esta comparación, para algunos la candidatura de ‘Timochenko’ es un premio y a la vez un crimen, tanto para la justicia como para las víctimas.

Sin condena, ‘Timochenko’ osadamente se expuso a lo que vive un candidato en campaña y es a ser insultado o halagado dependiendo del lugar donde se encuentre. Sin embargo, lo del exjefe de las Farc que inició de manera calmada resultó unas horas después en un verdadero infierno. El clamor popular que se erigía a sí mismo como portavoz de la justicia pedía que ‘Timochenko’ fuera castigado, como si lo único que interesara en ese momento fuese acabar con la impunidad a toda costa.

De este modo, probablemente por su afán, Juan Manuel Santos olvidó que la paz es más que firmar un acuerdo, si en ultimas, lo más difícil es tratar de resolver las contingencias futuras derivadas del acuerdo. El proceso de paz con ELN parece tomar el mismo rumbo, y es únicamente ratificar a través de un ropaje jurídico dos intereses de un grupo de personas que cuentan con una representación mínima, una agitación de paz que en ningún momento ha puesto en la mesa de centro a las víctimas.

Como apuntaría Rawls, este tipo de procesos como en los de justicia constituyen ciertos arreglos procedimentales imperfectos, que con el mero hecho de haberse cumplido las reglas no asegura un resultado moralmente favorable.

Así es que los baches sociales, el dialogo y el consenso no pueden ser depurados a través de procedimientos jurídicos, estos únicamente legitiman lo anterior. No se debe exigir al derecho cosas que no puede hacer, como pretender alivianar las cargas de una sociedad que recibió poca pedagogía del posconflicto y que ahora es tomada por algunos como portavoces de la conciencia punitiva del pueblo.

Por último, la sociedad debe soportar yerros como los de la soberbia de los miembros de Farc en mantener las mismas siglas de su anterior empresa criminal, acceder a cargos de elección popular, entre otras, y el descontrol estatal en afianzar una institucionalidad que garantice un verdadero posconflicto que no sea ápice para el resurgir de nuevas luchas guerrilleras con la justificación del abandono estatal.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.