Como ya es costumbre en este país, una vez ocurren catástrofes naturales como la acaecida en Mocoa el fin de semana pasado, salen a flote las medidas que estuvieron siempre en el escritorio de algún ente regulador y que se pudieron haber implementado para salvar la vida de los más de 250 muertos que la enorme avalancha dejó a su paso por la capital del Putumayo.

Mientras el gobierno se moviliza en pos de ayudar a los miles de damnificados de esta tragedia, han salido a relucir informes que alertaban, desde 1989, la posibilidad de una avalancha en el río Mulato, así como las posibles consecuencias en la población que se comenzaba a asentar cada vez más cerca de su zona inundable sin control alguno por parte de las organizaciones encargadas.

Luego de una avalancha, que 29 de enero de 1989 se presentó en el río Mulato, una comisión de expertos de la Regional No.10 del HIMAT (Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras) con sede en Pasto, presentaron un presupuesto formal para las obras de encauzamiento y refuerzo de zonas de derrumbe en el río; el valor para la época era de 82 millones de pesos: Estas obras nunca se realizaron pese al dictamen de los expertos.

Hace tan solo nueve meses, el respetado ambientalista Rodrigo Botero, analizaba en una columna de la revista Semana, las altas posibilidades de una avalancha en Mocoa dada su mala planeación urbanística y la pluviometría del lugar.

A finales de 2015 visité las ruinas de Armero, donde ocurrió en 1985, la peor catástrofe natural del país y perecieron más de 25 mil personas bajo en enorme lahar que dejó el deshielo del nevado del Ruíz al bajar por el cauce del río Lagunilla.

Esa tragedia, al igual que la ocurrida en Mocoa, se pudo evitar, ya que un grupo de expertos, liderados por Ingeominas, afirmaban que era inminente, con la reactivación del volcán, un enorme desprendimiento de hielo que descendería directamente por el cauce del río y se expandiría justo donde se encontraba Armero; pero como es habitual en este país, la voz de los expertos no fue tenida en cuenta.

Mientras los colombianos nos unimos para ayudar a estos compatriotas afectados por la tragedia natural, debemos también cuestionarnos sobre la responsabilidad que los gobiernos nacional, departamental, y municipal tienen al no acatar las recomendaciones que los entes de prevención realizan.

¿Cómo es posible que se contraten expertos en temas meteorológicos, y cuando estos expresan, con base en informes científicos, su preocupación por lo que pueda suceder, estas no se implementen?

Hoy Mocoa devela un panorama desolador que reúne la pobreza, el olvido estatal, y las condiciones climáticas adversas, como caldo de cultivo para una tragedia anunciada, que como de costumbre, se visibiliza solamente cuando hay muchos muertos de por medio.

Actualmente en Colombia, según el Ideam, hay más de 500 municipios con amenazas potencialmente parecidas a las de Mocoa; ahora solo esperamos que la movilización estatal que ocurre después de una tragedia, sea similar a la que se haga para su prevención.

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