En el centro de la polémica está la construcción de los campamentos de las 26 zonas donde están reunidos cerca de 7.000 guerrilleros de las Farc como paso previo para dejar las armas y desmovilizarse, proceso de 180 días que en principio debe concluir el próximo 29 de mayo.

En muchos campamentos, los mismos comandantes de las Farc no han permitido que se avance porque hacen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con las Farc”,

manifestó hoy el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en una rueda de prensa en Bogotá en la que respondió a varias denuncias de esa guerrilla.

Las construcciones en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) comenzaron con atrasos por diferentes razones de tipo logístico, pese a lo cual los mandos de las Farc movilizaron a los guerrilleros en una travesía de varios días que concluyó el pasado 20 de febrero cuando se dio por concluida la fase de traslado.

Desde entonces han arreciado las denuncias de los jefes y guerrilleros rasos sobre los atrasos en las obras de los campamentos que dificultan la normal marcha del proceso de implantación de la paz y que el Gobierno afirma estar solucionando en la medida en que las circunstancias lo permiten, con un grado de cumplimiento que se acerca al 80 %.

El cumplimiento del Gobierno, sumando las variables contempladas, no llega al 13 %, por lo que no se está hablando de un 80 % del cumplimiento por parte de ellos, sino todo lo contrario, un 87 % de incumplimiento”,

respondió hoy en otra rueda de prensa en Bogotá, Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, miembro del Secretariado (mando colectivo) de las Farc.

Lozada destacó la buena voluntad de los miembros de las Farc al reunirse en las 26 zonas veredales a sabiendas de que no tenían las condiciones pactadas en los acuerdos para estas movilizaciones.

Se sabía que en las ZVTN no existían las condiciones acordadas para llegar, pero aún así las FARC demostraron una voluntad irrevocable de cumplir los compromisos y se trasladaron a las zonas desde el 31 de enero hasta el 20 de febrero, pese a las dificultades”,

agregó.

Desde un comienzo el Gobierno dejó en claro las dificultades logísticas que suponía construir en zonas remotas y por lo general con pésimas vías de comunicación campamentos para miles de guerrilleros, así como para los miembros de la ONU que encabezan el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del alto el fuego, del que también hacen parte miembros de la fuerza pública y de las Farc.

Sin embargo, ante las constantes críticas, Jaramillo fue hoy más lejos y dijo que las Farc también tienen culpa en los retrasos por las exigencias que hacen los comandantes de diferentes unidades guerrilleras en algunas de las ZVTN.

Tanto Jaramillo como el gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, dijeron hoy que jefes de las FARC han pedido que en algunos lugares se les construyan polideportivos, oficinas o habitaciones con aire acondicionado, entre otras instalaciones que no tienen nada que ver con el carácter temporal de unos campamentos cuya fecha de funcionamiento esta definida en el calendario acordado.

Estas que Jaramillo llamó “trabas reales” son más exigencias de mandos medios que de los miembros del Secretariado, de quienes dijo que “están haciendo un trabajo intenso de pedagogía” con su gente para que el proceso de construcción continúe sin sobresaltos.

No obstante, los jefes de la guerrilla reaccionaron con evidente malestar a las revelaciones del Gobierno, comenzando por su número uno, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

Me desconcierta el cinismo que expresó en rueda de prensa Sergio Jaramillo. Acá sobran culpas y hace falta compromiso”,

aseguró en su cuenta de Twitter.

También Luis Alberto Albán, alias “Marcos Calarcá”, que es el enlace de las Farc para las ZVTN, respondió que “el problema es la prepotencia del Gobierno” del que dijo que ha manejado el asunto de las construcciones de manera unilateral cuando en su opinión debería ser algo bilateral.

Otro motivo de controversia es la demora en la aplicación de la Ley de Amnistía para aquellos guerrilleros que no hayan cometido crímenes graves, como los de lesa humanidad y abusos sexuales, entre otros.

Los problemas también tienen que ver con el desarrollo legislativo y la lentitud en la aplicación de la ley de indulto y amnistía, mostrando la incapacidad del Gobierno y del Estado para implementar los acuerdos”,

manifestó Lozada.

Con EFE

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