La Contraloría explica que se trata de tierras públicas (baldíos) que se adquirieron por encima de los topes de ley para conformar grandes propiedades o latifundios.
Esos baldíos no eran para eso, sino para promover “la función social de la propiedad y evitar la concentración de la misma”. Mejor dicho, para dárselos a personas desposeídas.
En el caso de los predios del expresidente Álvaro Uribe, el ente de control dice que la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo adquirió 11 terrenos, que suman en total 103 hectáreas, por encima de los límites legales.
Al respecto, Uribe, en Twitter, respondió con una afirmación que no tiene relación con lo que dice la Contraloría, pues esta no afirma que él haya adquirido sus tierras con testaferros, sino que son predios que tenían una función diferente.
Es muy fácil investigar El Uberrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 9, 2017
De otro lado, la Organización Pajonales, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, compró 22.834 hectáreas de forma irregular en Puerto López (Meta), según la Contraloría.
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Otras personalidades públicas que aparecen en la lista son la exministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra y Santiago Lizarralde, su hijo, con 5.064 hectáreas.
Santiago nació del matrimonio que Campo Saavedra tuvo con Rubén Darío Lizarralde, exgerente de Indupalma y exministro de Agricultura.
La Contraloría también incluye a varias empresas de la familia de Aurelio Iragorri, actual jefe de la cartera de Agricultura.
En la lista aparece Cerro Matoso, de Córdoba, con 223 hectáreas.
La Contraloría está pidiendo anular la venta de estas tierras debido a que ya son predios privados.
En total son 322 propiedades que suman 123.483 hectáreas.
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