El alcalde deberá permanecer al margen de sus funciones por tres meses, inicialmente, luego de que la Procuraduría lo vinculara a una investigación por su presunta negligencia en el control de las construcciones en la ciudad.
Según la Procuraduría, la administración habría fallado en el seguimiento y control de las obras en la ciudad, según publica Blu Radio.
La medida de la Procuraduría Segunda delegada para la vigilancia administrativa también afecta a otros funcionarios de la administración en Cartagena:
- Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía.
- Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.
- Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena
- Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano
- Ricardo Javier Castellar Pérez, técnico en la Localidad Industrial y de la Bahía.
- Gilberto Marrugo Maldonado, técnico en la Localidad Industrial y de la Bahía.
- Jorge Luis Cudris Pájaro, profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía.
En su notificación, la alcaldía de Cartagena planteó que la medida se justifica por la gran cantidad de casos detectados en la ciudad, agrega por su parte La F.m.
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La existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose”,
señala la declaración.
En el desplome de la estructura del edificio portales de Blas de Lezo, el pasado 27 de abril, fallecieron 22 personas, entre los que había varios trabajadores venezolanos indocumentados.
Entre las presuntas irregularidades que se detectaron están que la obra excedía la altura máxima autorizada en el sector y su licencia de construcción sería presuntamente falsa, pues la curaduría urbana negó haberla expedido.
La Fiscalía General de la Nación también abrió el pasado 29 de abril una investigación al alcalde Duque para profundizar “en las acciones que ha tomado para evitar las construcciones ilegales” en esa ciudad caribeña del norte de Colombia.
La Procuraduría también solicitó a Duque un informe sobre las acciones emprendidas por la administración municipal “para evitar y hacer frente a la construcción de obras ilegales en la ciudad”.
De igual manera, la Procuraduría interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que sobrevivieron al desplome del edifico.
El objetivo es que tengan derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de seis meses.
Con EFE
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