La nueva funcionaria del Gobierno Santos enfrenta este lío por haber sido propietaria, durante unas horas, de un terreno que le pertenecía a la Nación.
Según la investigación de El Espectador, la transacción se efectuó el 7 de abril de 1981.
Sin embargo, la historia empieza unos meses antes. La cronología es la siguiente:
- El 30 de junio de 1980, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó al ciudadano Enrique Pérez Barrera el predio El Descanso.
- Para recibir este terreno baldío Pérez Barrera debía ser un campesino, pero en realidad era un comerciante de tierras.
- Nueve meses después, el 7 de abril de 1981, este hombre le vendió el predio a Juana Yolanda Bazán Achury por 250.000 pesos.
- Ese mismo día, Bazán lo vendió por 648.000 pesos a la empresa Bosques de Santander S.A., es decir, en cuestión de horas se ganó 398.000 pesos.
- Hoy el predio El Descanso le pertenece a la Sociedad Agrícola de Palmeros (Agropalma), una empresa particular.
El Espectador además revela que, entre 1987 y 1980, Pérez Barrera fue beneficiario de otros terrenos baldíos, en Puerto Wilches, que después vendió. El diario también recoge testimonios anónimos de expertos en este tema:
“La nueva superintendente ha tenido conductas contrarias al cargo al que llega. Participó en la venta de un baldío de la Nación para sacar provecho de éste sin que hubiera sido sujeto de una reforma agraria. […] ¿Sabrá el presidente Santos de este antecedente?”.
“Los terrenos baldíos no son para hacer negocios ni sacar provecho personal, como lo hizo la señora Juana Yolanda Bazán”.
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La designada superintendente Juana Bazán, le respondió a El Espectador que desconoce completamente la información sobre ese negocio, que no sabe dónde queda el inmueble o quién era el señor Pérez Barrera: “No recuerdo ni haber poseído la tierra, mucho menos haber tramitado o hecho diligencia alguna ante una entidad pública que manejara tierras como el Incora”. “Voy a investigar y a poner en conocimiento de las autoridades este tema”, recalcó.
Sin embargo, en una declaración recogida por Caracol Radio horas después, se contradice reconociendo que solamente prestó su firma y no recibió dinero.
Bazán dijo que “en ese tiempo no tenía ni idea de la política y estaba terminando su carrera de abogada. Era practicante de Sergio Rangel Consuegra, secretario de la facultad de derecho la Universidad Autónoma de Bucaramanga y del empresario de Santander, Enrique Pérez Barrera. Ellos le pidieron el favor para respaldarlos en la compra de un predio en Puerto Wilches”, reseña esta emisora. Agregó que no hay nada irregular en su actuación porque el baldío no se lo adjudicaron a ella.
Cabe recordar que este es el cuarto nombramiento de Santos que se ha visto envuelto en polémica en los últimos días.
El primero fue la tormenta de críticas por la designación de Juan Carlos López como director del ICBF, y que finalmente lo llevó a rechazar el cargo.
El siguiente funcionario que quedó en el limbo fue Carlos Correa, exconsejero para las regiones. No se ha podido posesionar como director de Findeter porque la junta directiva considera inconveniente que esté imputado por la Fiscalía por los aparentes sobrecostos que se registraron en la construcción del Coliseo Happy Lora en Montería, Córdoba.
Y el último fue el reversazo en la dirección del ICFES. Allí había sido designado Jorge Eliécer Lara, pero se frenó debido a que la actual titular, Ximena Dueñas, es cabeza de hogar y su pareja está embarazada.
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