El recurso busca “que se obre en estricto cumplimiento al principio de legalidad e imperio de la ley, aplicando la norma, esto es quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales”, indicó la firma de abogados que representa al exmandatario en un comunicado fechado en Washington.
Además, “que se permita en condiciones de igualdad en acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse”.
El popular expresidente de 66 años, fundador y senador del partido Centro Democrático, enfrenta una indagación formal de la Corte Suprema de Justicia, que juzga a congresistas, por un caso que se remonta a 2012.
Ese año presentó una denuncia contra el legislador opositor Iván Cepeda ante la Corte Suprema por supuesto complot con testigos falsos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas.
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En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo una investigación previa contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor, como sugieren intercetapciones telefónicas. El ahora senador asegura que se trata de una persecución política y mediática en su contra.
La ley sanciona con penas de hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el expresidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y quien, a través de Iván Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la disuelta guerrilla Farc.
La decisión de la Corte sacudió las filas del futuro oficialismo en la antesala de la posesión de Duque como nuevo presidente de Colombia el 7 de agosto.
Tras la apertura de la investigación, Uribe renunció a su puesto en el Senado, adonde llegó con la mayor votación de las legislativas de marzo, pero luego reculó.
De haberse concretado su renuncia, la investigación habría sido eventualmente asumida por la justicia ordinaria, donde -a juicio de los críticos- el exmandatario tendría más opciones de presionar a favor de su defensa. El expresidente está citado el 3 de septiembre en el alto tribunal para rendir indagatoria.
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