Por eso, la SIC sancionó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con una multa de 20.437 millones de pesos, pues encontró que se violó el derecho a la libre la competencia, informó el diario La República.
La entidad ya había pagado en 2016 otra multa de 75.000 millones de pesos por los líos que tuvo con el esquema de basuras que se implementó durante el gobierno anterior. Esa sanción se la impuso la SIC en 2014.
Según la Superintendencia, entre el 18 y el 30 de marzo de 2012 la empresa de Acueducto instaló una platina y una válvula que redujo el orificio para el paso de agua y afectó a colegios, universidades y cientos de viviendas del sector de Guaymaral.
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Esto, de acuerdo con El Tiempo, hizo parte de la estrategia para sacar de competencia a la empresa Coopjardín (que prestaba el servicio público en esa zona de Bogotá) y quedarse con esos usuarios.
Si bien la SIC considera que expandir el servicio de la empresa a más clientes no es sancionable, lo que sí amerita la multa es “obstruir la participación de Coopjardín en el mercado de suministro de agua potable a usuarios finales”, agrega ese medio.
“Las razones expuestas por la entidad demandada desconocen el hecho tangible de que al disminuir el caudal y la presión del agua se estaba generando una amenaza del derecho fundamental al agua potable de aproximadamente 50.000 personas, entre las que se encuentran sujetos de especial protección constitucional (niños y personas de la tercera edad)”, concluye el fallo que recoge el diario capitalino.
La SIC también sancionó al entonces gerente general del Acueducto Diego Fernando Bravo, con 351 millones de pesos, señalado de haber puesto en marcha el plan, y a su asesora Paola María Miranda con 35 millones de pesos, agregan los dos medios.
A esta medida le queda únicamente un recurso de reposición.
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