Se trata del decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017, con el que el Ministerio de Transporte reglamentó “las condiciones, términos y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos menores con matrícula del país vecino a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo”, en 12 zonas del país.
La medida cobija a los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada.
Según el decreto, “los vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores sólo podrán transitar en la jurisdicción del departamento al que pertenece la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo para la que se haya expedido la respectiva autorización”.
Además, precisa que son los alcaldes donde se encuentre la Unidad Especial quienes deberán autorizar el ingreso de tales vehículos, y que el propietario tendrá que pagar un impuesto ante la Secretaría de Hacienda del departamento correspondiente.
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También aclara que dichos automotores no podrán prestar servicio público de transporte ni ser comercializados, donados, arrendados o entregados en comodato.
Tras conocer la medida, varias autoridades en Cúcuta (Norte de Santander) pidieron este viernes revisar la medida ya que están en contra de que el recaudo de impuestos beneficie en un 80 % a los departamentos y solo en un 20 % a los municipios.
Además, según cita el diario La Opinión, varios dirigentes del departamento pidieron la renuncia de la canciller María Ángela Holguín, por considerar que la norma “tiene vacíos” y “desconoce las necesidades de las poblaciones fronterizas”.
“O modifican ese decreto ajustándolo a la necesidad real o que renuncie la señora Holguín, para quien al parecer las fronteras hacen parte de país vecino y no del que ella debería representar”, alegó el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón.
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