Rueda afirmó en su columna “Tampoco era para tanto” que la reglamentación de la protesta ayuda a respetarla, estimularla y protegerla de desviaciones que las desvaloricen, pero que los “malquerientes del nuevo gobierno” han llegado a presumir de una persecución a los líderes sociales.

Así mismo, dijo que se pueden tomar precauciones contra posibles protestas armadas y salvaguardar los derechos colectivos de los colombianos, como el del trabajo o el de la movilidad.

Para darle argumento a su columna, trae a colación una entrevista, que realizó en 2014, al líder estudiantil venezolano Lorent Saleh quién le relató los difíciles momentos de protesta en su país durante el mandato de Hugo Chávez.

“El cierre de la Radio Caracas Televisión, fue lo que despertó el movimiento estudiantil. Nos encontramos en la calle miles de chamos. Nos acusaron de ser financiados por la CIA. Hasta de ser agentes de la Mossad” contó Saleh a Rueda.

Después de su larga lucha, Lorent vino a Colombia, pero su suerte no fue la mejor, según Migración Colombia: “él era un extranjero que atentaba contra la seguridad nacional y el orden público y que no podía desarrollar actividades proselitistas, lo que, de acuerdo con la Cancillería, no cumplió” por lo que fue expulsado.

El artículo continúa abajo

Ante lo sucedido, Rueda cita en su columna la reacción de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien criticó la postura de Colombia frente al caso del estudiante y enfatizó que se violaron derechos humanos y el Artículo 3 de la Convención contra la Tortura y la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiados, pero que actualmente el Gobierno colombiano optó por el silencio.