Pero ese referendo no solo busca derogar los actos legislativos que crean la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sino también los que blindan los acuerdos de paz de La Habana entre el Gobierno y las Farc y los incorporan a la Constitución, y el que dio vía libre a la participación política de los miembros de esa organización.

Esa colectividad política tiene entre sus cuentas recoger más de 1’700.000 firmas (5 % del censo electoral) para poner en marcha el referendo que propone, aunque si consigue ese objetivo debe superar otros escollos, como la revisión que deberá hacer de esas firmas la Registraduría y, de ser efectivas, comenzar el trámite en el Congreso.

El propósito del Centro Democrático se sustenta en las ideas que ha expuesto el jefe de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, y que recoge en unas declaraciones en Twitter la precandidata uribista María del Rosario Guerra.

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“La elección de los magistrados de la JEP es una elección que no podemos ni aceptar ni reconocer”, dice Guerra. “Se han elegido unos magistrados afectos a la izquierda y al las Farc […] que tienen como propósito perseguir a Álvaro Uribe Vélez y a la oposición que representamos en el Centro Democrático”.

Y agrega: “No podemos aceptar que las Farc vaya directo al Congreso, no paguen un solo día de cárcel, fuera de eso no sean extraditados por sus actividades de narcotráfico y se pavoneen por todo el país sin una mínima vergüenza. Vamos a terminar civiles, empresarios, militares, ciudadanos que respetamos la Constitución y la ley muy seguramente juzgados por una justicia politizada y sesgada hacia las Farc”.

Hace pocos días, el Gobierno también anunció su propósito de adelantar, mediante la convocatoria a un referendo, la reforma a la justicia. Se llevaría a cabo el 10 marzo de 2018, si el Congreso aprueba el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo antes de que termine este mes.

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