El caso reciente se encontró en las urbanizaciones Nuevo Millenium y el Ensueño, en Dosquebradas (Risaralda), en donde según el director del Instituto de Desarrollo de esa población, Juan David Villa, al menos 50 casas ya tienen promesa de venta y contratos de arrendamiento con terceros, informó Caracol Radio.

“Desde el Instituto nos encargamos de hacer visitas a los beneficiarios de estas casas gratis y nos hemos encontrado con esta situación. Existen familias que han incumplido con sus obligaciones porque han vendido y arrendado. Este incumplimiento demuestra que son familias que no necesitan el subsidio y por eso se debe priorizar a las más de ocho millones de personas que están en lista de espera, según cifras del Ministerio de Vivienda”, explicó Villa a ese medio.

Esta situación había sido denunciada por el Ministerio de Vivienda, a comienzos de marzo de este año, cuando se abrió un proceso de revocatoria de subsidios a unas 2.500 familias en todo el país. El 64% de estos beneficiarios investigados están en la Región Caribe, y según reportó El Heraldo además de vender y arrendar los predios también se detectó que varios funcionaban “como ‘ollas’ de drogas”.

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“Las viviendas son para que las habiten, no para que las entreguen en arriendo, y mucho menos para que sean utilizadas en actividades ilícitas”, explicó a ese medio la ministra de Vivienda, Elsa Noguera.

Estos despojos están amparados en una ley que aprobó el Congreso en 2012, y en la que se advierte que ningún beneficiario de este proyecto podrá arrendar o vender su inmueble antes de 10 años de estarlo habitando.

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