La justificación que le entregó el contralor Felipe Córdoba a Semana, para pedir esto fue:
“Nosotros llegamos a investigar después de los saqueos porque hacemos un control posterior y no preventivo. Nos proponemos en esa reforma tener la capacidad de actuar a tiempo y no cuando la plata ya se ha ido”.
Es decir, detalló, que sus investigadores solo pueden actuar cuando ya los funcionarios se han apropiado de los recursos y no antes de que la plata se pierda. Además, es muy poco lo que pueden hacer porque nunca recuperan el total perdido:
“En otras palabras, nosotros solo llegamos a recoger las cenizas que dejan los bandidos. Y eso es muy grave, los porcentajes del dinero que recuperamos en eso casos son mínimos: solo el 0,4 %. […] Al final nadie responde y el dinero simplemente se esfuma”.
A eso se le suma que en los procesos de control también se invierte un dinero, que tampoco se recupera, afirmó Córdoba en la revista, pues dijo que en algunos casos “ni siquiera se recupera lo de la papelería invertida en la investigación”.
Córdoba señaló también que pese a que cuentan con algunos métodos que los alertan de esos millonarios desfalcos, “hay que entender que estamos hablando de mallas muy complejas de contratación que logran hacer de las suyas con esquemas sofisticados”.
Por eso, en el proyecto, el contralor busca “asignar funciones jurisdiccionales” a la entidad para que “pueda determinar la responsabilidad fiscal con rapidez y recuperar el dinero por medio de un cobro coactivo”. Esto también evitaría que se termine el periodo de un contralor y los procesos, que pueden durar hasta 12 años, sigan abiertos. Y puntualizó:
“No puede ser que los corruptos sigan en Lamborghini y nosotros en bicicleta”.
LO ÚLTIMO
.svg)
