Estas investigaciones también se extienden a Santander, en donde el exdirector regional del Sena, David Suárez Gutiérrez, y el de la seccional de Floridablanca, Oscar Peña Amaya. Estos dos funcionarios fueron retirados de sus cargos la semana pasada porque estarían presionando a contratistas y aprendices de la entidad a recoger firmas que avalen la candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia.
Esa es precisamente la razón del Ministerio Público para ordenar estas diligencias, pues como funcionarios públicos estarían participando en política para apoyar a un candidato “y así garantizar una vinculación económica en 2018”. A los funcionarios se les escuchará en versión libre dentro de esta indagación, si así lo solicitan.
Cabe recordar que este no es el primer lio judicial de Barreto, pues ya enfrenta un juicio por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado y prevaricato por omisión. Esto por posibles irregularidades en un contrato de cooperación educativa con el Convenio Andrés Bello.
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El Procurador General, Fernando Carrillo, pidió a la Gobernación de Tolima, a la Alcaldía de Lérida, y al Sena “una relación de los contratistas que actualmente prestan sus servicios en las diferentes dependencias de la entidad, así como de los contratos suscritos este año”.
En la investigación también quedó vinculada la iniciativa ciudadana de inscripción de firmas de Vargas Lleras en Tolima y Santander. Los responsables deberán enviar “copia de los formularios donde aparecen ciudadanos solicitando su inscripción a la Presidencia de la República 2018 – 2022” en esos departamentos.
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