Para la Procuraduría y la Contraloría, ese cambio podría generar “más trámites y congestión judicial” y envía un mensaje nocivo.
“Con el argumento de defender los derechos políticos terminaría premiándose la participación en procesos electorales de quienes han sido sancionados por violar la ley y afectar el patrimonio público”, dicen los dos ente de control a través de un comunicado.
Los artículos a los que se refieren son el 1 y el 14 del proyecto de acto legislativo (o sea, una reforma a la Constitución) 012 de 2017, relacionado el acuerdo de paz con las Farc.
Según los dos entes, no hay relación entre lo negociado con esa guerrilla y el hecho de someter a consulta judicial “las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General de la República”, y por esa razón piden, además, que no se tramite por la vía rápida.
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Dicen, además, que si se aprueban los dos artículos podría haber choques con las instancias judiciales.
La Procuraduría y la Contraloría enviaron una carta a la Comisión Primera de la Cámara (encargada de tramitar reformas a la Constitución) con estos reparos.
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