Paradójicamente, dice Semana, el hombre que tendría en sus manos el futuro político del controvertido líder de la Colombia Humana es el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, acusado de recibir sobornos de la corruptora Odebrecht.   

Y más sorprendente aún es que Gustavo Petro podría quedar inhabilitado políticamente por un largo periodo de tiempo si llegase a ser sancionado –por vía administrativa– por cargos referidos a decisiones de gobierno y no por delitos de corrupción, señala esa publicación.

En tal sentido, recuerda la revista, en contra de Petro juega una decisión de la Corte Constitucional “que indica que las sanciones administrativas pueden impedir que las personas elegidas las personas elegidas por voto popular se posesionen en sus cargos”.

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Si bien el reciente escándalo del “petrovideo”, como lo ha denominado el semanario, es un espinoso asunto con posibles implicaciones penales, el problema más grande que debe afrontar el político son las cuantiosas multas que serían impuestas en su contra por el ente de control fiscal del Distrito.

Allí están los procesos por presunto detrimento patrimonial ocasionados a la ciudad por decisiones tales como bajar el precio a los pasajes de Transmilenio, la compra de camiones recolectores de basura, la sanción por cambiar el esquema de aseo en Bogotá y la recompra de acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), indicó ese medio.