Según la exministra, que cita un borrador de la ‘Ley estatutaria de garantías para la participación de la ciudadanía, de organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social’, los más perjudicados serían los medios de comunicación de la Fuerza Pública, pero también afectaría a los privados.
La carta está dirigida a los directores de esos medios y la denuncia de Ramírez está encaminada a la expedición de esa ley que “puede llegar a instaurar la censura como regla general”. Sin embargo, Ramírez no hace público ese documento en el que basa su denuncia.
La precandidata recuerda que en el numeral 2.2.1 del Acuerdo Final de paz con las Farc, se acordó la conformación de una Comisión de Diálogo con voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales más representativos. Se dispuso el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP para trabajar en un “proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales”. En abril de este año, esas entidades entregaron los lineamientos de lo que sería esa ley.
Ese documento es la base del borrador que cita Ramírez, en el que, asegura, se contempla la “expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamiento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico como la ANTV, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro”.
Ramírez afirma que es una pretensión de las Farc para resultar “intocables, puesto que a la exoneración de responsabilidades jurídicas y políticas que les provee el acuerdo, se agrega la inmunidad social a sus graves crímenes” porque toda la información que involucre a esos movimientos sociales deberán atravesar, obligatoriamente, “un estudio y análisis especial, y deberá contrastarse la información antes de difundirse”.
Agrega en su carta que los periodistas deben consultar como fuente a estos líderes y delegados, y si no lo hacen, “se configurarán sanciones al medio” o a cualquier servidor público que haga señalamientos o “brinde informaciones respecto de los miembros de grupos sociales y de las Farc”. Las investigaciones periodísticas también tendrán que estar avaladas por ellos, advierte la exministra.
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Ramírez alerta sobre el riesgo que estaría corriendo la libertad de prensa, porque antes de divulgar cualquier información “por hechos de corrupción, de irresponsabilidad política, apología a la violencia, odio, contrariar el establecimiento constitucional y estatal o, por simple ejercicio político, habrá que preguntar la opinión de dichas organizaciones antes de emitir la noticia”.
También manifestó preocupación por la expropiación de la que pueden ser objeto los equipos de comunicación y radio de la Fuerza Pública “con los cuales deben mantener contacto con la ciudadanía promoviendo los valores democráticos y la alianza entre las fuerzas y el pueblo”. Esto será “un golpe a la democracia”, asegura Ramírez.
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