El Senado hizo lo propio en plenaria el miércoles pasado, con lo que esta reforma constitucional pasará a revisión de la Corte Constitucional.

La conciliación se hizo necesaria porque los textos aprobados en Cámara y Senado fueron diferentes a los que inicialmente se sometieron a discusión.

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).

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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que lo que sigue es la expedición de los decretos que pondrán a rodar el nuevo tribunal.

Seguramente en los próximos días el presidente expedirá esos decretos con base en este acto legislativo para crear la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas que son dos tareas esenciales para la reconciliación de Colombia”,

dijo Cristo a periodistas.

Esta es la primera reforma constitucional aprobada a través del “fast track”, la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales necesarias para implementar y blindar jurídicamente el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc.

Un comunicado del Ministerio de Justicia explicó que con la aprobación de la JEP por parte de la Cámara de Representantes del informe de conciliación “quedó vigente la reforma que pretenderá la construcción de una paz estable y duradera”.

La información agrega que la iniciativa asegura el cumplimiento del acuerdo de paz para la terminación del conflicto “incluyendo la seguridad jurídica, justicia transicional, el proceso de desarme, la desmovilización y la reintegración de miembros de esa guerrilla”.

Con EFE

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