Para el Ministerio Público hay presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 2.300 millones de pesos, dirigido a desarrollar actividades de prevención en salud para la población indígena del municipio, informó en un comunicado.
El contrato adjudicado ejecutaría durante este año actividades de promoción en salud, establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), encaminadas a favorecer y entregar especial atención a esa población.
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De acuerdo con la investigación de la sede regional de la entidad, “el contrato habría sido asignado de manera directa a la IPS Matsuldani, sin convocar a un concurso público como lo establece el Estatuto General de la Contratación (Ley 80 de 1993)”.
Adicionalmente el alcalde habría dejado pasar por alto que contra la IPS seleccionada se han instaurado varias quejas por deficiencias en la prestación del servicio, que atienden diferentes entidades de control, señaló la Procuraduría.
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