En los hechos están involucrados los representantes legales de cinco Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), así como los secretarios de Salud de la época y otros funcionarios de la Gobernación, informó la Contraloría en un comunicado.

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Los hechos ocurrieron durante las vigencias 2012 a 2015, dentro del denominado ‘Cartel de Enfermos Mentales’, a través del cual se falsificaron firmas y documentos para apropiarse de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a la población pobre no asegurada, detalla la información.

Según las investigaciones de la Contraloría, a través de la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre, se autorizaron pagos durante la vigencia 2015 por “supuestos tratamientos y hospitalización de enfermos mentales, donde los pacientes no existían y los soportes que acompañaban las facturas habrían sido igualmente falsos”.

El proceso de mayor cuantía corresponde a los cobros efectuados usando el nombre de un médico psiquiatra establecido en Bogotá, quien dijo a la Contraloría que su firma fue falsificada y que nunca ordenó tratamientos por los que la Secretaría de Salud Departamental de Sucre pagó más de 747.000 dólares.

Se trató de supuestos servicios de hospitalización y atención de pacientes con trastornos mentales y patología de drogodependencia.

La Contraloría vinculó a los procesos de responsabilidad fiscal a Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe del Carmen Padilla Villa, exsecretarios de salud de Sucre y a otros dos funcionarios de la misma entidad.

Igualmente, fueron vinculadas las IPS Clínica Nuevos Amaneceres, Fundación Nuevo Ser, Fundación Mar de Galilea, Clínica Santa Isabel, Fundación Libertad y Fe y Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael.

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