Debido al creciente número de muertes causadas por procedimientos de aborto ilegales, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, garantiza el derecho que tienen todas las mujeres de interrumpir voluntariamente el embarazo en los 3 casos amparados por la ley, los cuales hacen parte de los planes de beneficios de salud.
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La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es el desarrollo de un mandato de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-355 del 2006, que despenalizó esta práctica para proteger los derechos de las mujeres, reivindicando su autonomía para tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos en tres casos específicos:
- Cuando el embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico.
- Cuando el feto tenga una malformación y esta haga inviable su vida, certificada por un médico.
- Cuando el embarazo sea el resultado de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida.
La atención de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) debe ser provista en forma integral y segura, abordando no solo los aspectos médicos, sino también los biopsicosociales que se consideran relevantes para responder a las necesidades y preferencias de la mujer cuando tiene que decidir si continúa o no su embarazo.
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