El beneficio de excarcelación empieza a regir desde este primero de julio y al menos 9.634 personas, que están sindicadas en varias cárceles del país, podrán hacer la solicitud para regresar a las calles, informó El Tiempo.
Los que pueden acogerse a esta norma son presos que lleven más de un año privados de la libertad por delitos menores, o dos años para otras conductas, y lo harán amparados en la Ley 1786 de julio de 2016, que busca reducir el uso de las medidas de aseguramiento y evitar así el hacinamiento carcelario.
La Ley, según documento de Presidencia, advierte sobre algunas restricciones para otorgar libertades en los plazos estipulados, ya que la Fiscalía podrá pedir una extensión de la detención hasta por un año en procesos que se tramitan ante la justicia penal especializada.
“Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción”, explica la norma.
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Además, cuando el detenido esté involucrado en delitos contra la libertad e integridad sexuales, agrega el impreso.
Otro de los casos en los que aplica la prórroga tiene que ver con la tarea que cumplirán los jueces de garantías, que deberán considerar “el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad (…)”, destaca la ley.
Así las cosas, desde este sábado empezó la ‘hora cero’ para una excarcelación masiva en el país.
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