Tampoco podrían ser magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los que hayan demandado al Estado y quienes en los últimos 5 años hayan ejercido en representación, judicial o administrativa, en temas que tengan que ver con hechos del conflicto armado. Estas inhabilidades fueron promovidas por Cambio Radical.

Estas inhabilidades, aprobadas en el Senado, han sido criticadas, pues significarían dejar por fuera a 15 de los 38 elegidos para la Jurisdicción Especial. Por ejemplo, Patricia Linares, presidenta electa de la JEP, dijo que son inconstitucionales.

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Y El Espectador, en un duro editorial, calificó de ridícula la restricción y coincidió en decir que esta es contraria a la Constitución: “¿Cuál es el crimen por haber sido defensor de derechos humanos? ¿Por qué eso los inhabilita para ejercer como jueces? ¿No queremos, precisamente, expertos en el conflicto armado, en la protección de las víctimas y en las complejidades de nuestra guerra?”.

De acuerdo con RCN, el Congreso votará este miércoles el informe de conciliación, y los senadores que revivieron las inhabilidades son Carlos Abraham Jiménez , Sami Merheg (conservadores), Orlando Guerra de la Rosa (Cambio Radical) y Horacio Serpa (Partido Liberal).

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