“Numerosos abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las Farc solían tener presencia militar”, lamentó HRW en un comunicado.
A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal”.
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Citando datos de la Unidad de Víctimas, HRW da cuenta de 20 asesinatos confirmados de líderes comunitarios en lo corrido de 2017, y menciona otros cinco, en los que no se ha comprobado si las víctimas eran activistas.
Dos de los municipios con “niveles altos de abusos”, reseñados por la entidad, son El Tambo, en Cauca, y El Bagre, en Antioquia.
Es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
Vivanco pidió al Gobierno “asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”.
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