La justicia colombiana debe ser capaz de “crear una plataforma de trabajo social en las cárceles para devolverle a la comunidad lo que le han quitado”, señaló el ministro Gil al diario El Espectador.
Y reiteró que este tipo de criminales deben recibir las máximas penas contempladas en la ley porque son un auténtico peligro para la sociedad.
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“Son personas que con mayor responsabilidad no se debían haber apartado de los valores de la sociedad”, sostuvo el alto funcionario estatal, que también tendrá que afrontar el complejo tema de la implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Señaló que las cárceles colombianas son una vergüenza para la humanidad por el hacinamiento de presos y las pésimas condiciones de la infraestructura disponible.
Añadió, en la entrevista con la redacción de justicia del periódico, que en la actualidad hay planes para descongestionar las cárceles poniendo al servicio otros 2 centros carcelarios, aunque aceptó que esa no puede ser una solución para resolver la crisis humanitaria.
“Nos toca construirlas porque igual tenemos 80 mil condenados en todo el país y casi 40 mil sindicados”, destacó el ministro.
Y reiteró que, a su parecer, “los que han llevado las de perder han sido los pobres” cuya población es la más numerosa en los centros carcelarios, mientras que quienes promueven los delitos graves no reciben los castigos que se merecen y reciben mejor trato.
Al respecto, el ministro Gil Botero añadió lo siguiente:
Nosotros no podemos imponer sanciones de acuerdo a las clases sociales sino a las conductas. Las organizaciones criminales, como las defraudadoras de dineros, o las dueñas de pirámides, son las que deben estar en la cárcel. Hay que exigir una mayor responsabilidad punitiva a quienes han sido privilegiados por la vida”, sostuvo a El Espectador.
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