A través de un comunicado conjunto, Ángela María Buitrago y Guillermo Puyana, representantes legales de Gina Parody y Cecilia Álvarez, respectivamente, rechazaron el momento en que un joven colombiano camina detrás de la exministra y le pregunta por qué no ha acudido a los interrogatorios de la Fiscalía.

Los abogados calificaron ese hecho como un “asalto para acosarla, grabarla y acusarla de estar eludiendo a la justicia colombiana”.

Por su parte, Luis Felipe Puerto, el joven que grabó a Parody, dijo en Noticias RCN que se le ocurrió “de una manera muy respetuosa y respetándole su espacio, preguntarle por qué no había asistido a esas citaciones”. Agregó que “fue un impulso del momento” y que espera que “la exministra pueda colaborar en el proceso que se sigue por este caso de corrupción que tiene a muchos colombianos preocupados”.

Sin embargo, para los abogados, esto “no se puede calificar como ‘acto patriótico’” y recordaron que Parody y Álvarez han pedido que su interrogatorio se haga por videoconferencia “desde el lugar en el exterior en el que viven y estudian desde el año 2016”.

Según la defensa, el pasado 28 de agosto, precisamente por ese medio, las exministras “llevaron a cabo las diligencias de versión libre ante la Procuraduría” en medio de la investigación disciplinaria que se les adelanta para determinar cuál fue su participación en la adjudicación del tramo Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol II.

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Los abogados agregaron que de esta forma la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema “han recaudado versiones libres e interrogatorios” para sus investigaciones.

Por último, el comunicado informa que pedirán a las autoridades norteamericanas la protección de Parody y Álvarez “de cualquier intento de agresión en el futuro” por parte de las personas que pretendan “acudir a estas vías de hecho falsamente inspiradas en el patriotismo”.

Adicionalmente, la Vicefiscal María Paulina Riveros dijo que en el proceso “se ha venido recaudando importante material probatorio” y en los próximos días se tomará una decisión. “La investigación continúa y la decisión de las señoras ministras de no autoincriminarse no afecta el curso ordinario del proceso penal”, puntualizó.

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