La revelación de la vinculación de las tres primeras personas ajenas a las Farc que se someterán a esta jurisdicción fue hecha por el exminitro Álvaro Leyva, a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la versión de Leyva, si ellos se acogen a esta jurisdicción, se beneficiarían inmediatamente de la libertad condicional.

Si los tres demuestran que los hechos por los que fueron condenados fueron cometidos en ejercicio del conflicto, colaboran con la justicia y reparan a sus vpictimas, podrían beneficiarse de la pena alternativa prevista, que no sería más de 8 años.

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Palacios fue ministro de Protección Social en el gobierno de Álvaro Uribe y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y seis meses de prisión en abril de 2015, por el delito de cohecho.

Entre tanto, el general (r) Jaime Uscátegui tiene una condena de 37 años por omisión en la masacre de Mapiripán, en la que murieron más de 50 personas en 1997 a manos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El general Arias Cabrales fue condenado también por omisión a 35 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia en 1985.

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).

Sobre la decisión de Palacio de Justicia y los generales Uscátegui y Arias Cabrales, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que esa libertad tiene sus condiciones.

Salen con condiciones mientras comienza a funcionar la JEP. Cuando la JEP empieza a funcionar ellos tendrán que ir ante el tribunal, reconocer responsabilidad y contar la verdad para poder ser beneficiario de una pena alternativa de entre 5 y 8 años”,

afirmó a periodistas.

Con EFE

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