Hace cuatro días Ricaurte fue enviado por un juez a la cárcel de La Picota, en Bogotá, para que responda desde allí por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.

Su reclusión en ese penal, sin embargo, se produjo hasta este lunes por la noche. Antes de llegar a La Picota, estuvo en los calabozos de la antigua sede del DAS, a la espera de que sus abogados impidieran su traslado. Pero llegado el momento, fue conducido a la penitenciaría por miembros de la Físcalía.

En las cuatro conductas ilícitas que se le imputan habría incurrido el exmagistrado en el marco de lo que se ha llamado el ‘cartel de la toga’, en el cual reputados juristas habrían recibido grandes sumas de dinero para adormecer (hasta que prescribieran) procesos o para vender fallos en casos que se adelantaban en el alto tribunal contra políticos colombianos.

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Esa empresa criminal, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, fue promovida y liderada por Ricaurte junto con el también exmagistrado de la Corte Leonidas Bustos.

Pero la situación de Ricaurte se puede agravar si, como se ha empezado a difundir, el gobierno de Estados Unidos lo pide en extradición, comoquiera que habría utilizado el territorio estadounidense para mover capitales ilegales.

Hay otro detalle que acentúa el contraste de la situación de Ricaurte. Su foto de detenido se conoce el mismo día en que se conoce la lista de magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial de Paz, una dignidad a la que aspiró, pero que pudo alcanzar porque fue ‘descabezado’ por el Comité de Escogencia.

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