La Fiscalía señala que en cuanto al actual gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero, se le atribuirán los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

El caso de Romero, según explica la Fiscalía en un comunicado, tiene que ver con “las nuevas condiciones para la comercialización de 80.000 cajas de aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016”.

Allí, la investigación fiscal arrojó que el consorcio que se ganó el jugoso contrato “consignó $2.000 millones antes de que fuera publicado el decreto en mención”.

En cuanto al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, la Fiscalía dice que deberá responder por delitos de peculado por apropiación y contrato sin requisitos legales, y que estos mismos cargos le serán imputados a Édgar Díaz Contreras, exgobernador de ese departamento.

“Los hechos tienen que ver con el trámite, celebración y liquidación de un contrato de suministro de materiales pétreos (que provienen de las piedras o peñascos), por más de $6.000 millones”, que según el organismo acusador violaron los requisitos de contratación y dejaron un hueco millonario en el erario.

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La Fiscalía también tiene en la mira a las exgobernadoras del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio y Gloria Inés Gutiérrez Botero, y las acusará de prevaricato por acción.

“El caso tiene que ver con el trámite y la sanción de las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015, que según la Fiscalía contrarió el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, indica el boletín.

Por estas mismas irregularidades, la Fiscalía imputará cargos “a seis diputados de la Asamblea Departamental de Quindío y a cinco exdiputados”.

Estas audiencias se llevarán a cabo el próximo el 23 de octubre de 2017, mientras que la del gobernador de Nariño está programada para el primero de noviembre en el Tribunal Superior de Bogotá.

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