La Fiscalía, meses después de la detención, les imputó los delitos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir, y algunos les añadió secuestro extorsivo.

Sin embargo, en 2005, revocaron la medida de aseguramiento y se determinó que no había pruebas suficientes para demostrar los nexos.

En 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda “concluyó que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió una serie de decisiones […] con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL”, explica el Consejo de Estado, que este martes decidió condenar a la Fiscalía General a indemnizar a los afectados.