El caso que falló el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira se refiere a los hechos ocurridos el 21 de octubre de ese año, cuando guerrilleros de las Farc dinamitaron el gasoducto Ballenas-Barranquilla.

El hecho dejó cinco muertos, 11 heridos y pérdidas para Promigas por 3.700 millones de pesos.

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El fallo en segunda instancia ordena a Promigás, una de las principales compañías de gas natural en Colombia, y al Ministerio de Minas, el pago de la indemnización.

La decisión ratifica un fallo de 2014 que declaró responsables a las mismas entidades “por los perjuicios ocasionados con ocasión de los daños sufridos por los demandantes como consecuencia del ataque terrorista, imputables a título de riesgo excepcional”.

La determinación del Tribunal se basó en que el acto terrorista “no era imprevisible” en la época que ocurrió, teniendo en cuenta que el país vivía en ese momento una de las más cruentas olas de violencia.

Por lo anterior, la autoridad judicial consideró que Promigás debió tener más vigilancia en el oleoducto para prevenir el ataque.

La firma privada consideró que el fallo establece un antecedente que podría afectar la inversión privada en el país, señala por su parte Caracol Radio.

Con EFE

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