Hace una semana, María Jimena Duzán advirtió que con los impuestos que pagan los colombianos se saldaría la deuda contraída por Odebrecht en Colombia, por la construcción del proyecto Ruta del Sol 2.

Serían cerca de 1,2 billones de pesos sin intereses los que pasarían de las arcas del Estado a las bóvedas de 4 bancos del Grupo Aval –propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo–, Bancolombia, Colpatria y Davivienda, de acuerdo con un contexto ofrecido por la revista.

El asunto es que el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los banqueros, que financiaron el proyecto, se reunieron para arreglar el pago de ese dinero sin esperar, según Duzán, el fallo de un laudo arbitral que determinaría el valor exacto.

Sumado a eso, Duzán presenta lo que para ella son unas “perlas” del acuerdo mediante el cual los colombianos saldarían una deuda entre privados que, sin embargo, cuenta con el respaldo de la ley 1882 o Ley de Infraestructura, impulsada por el Gobierno Santos y que lanza un salvavidas a los bancos que financien obras públicas, precisó Semana.

“El pago se les haría [a los 7 bancos] con emisión de TES, ante lo cual cabría preguntarse dónde está el ministro Carrasquilla”, señaló la columnista que también consideró como una “perla” que la valoración del acuerdo se hiciera sobre la base de una contabilidad falsa.

“La ministra [de Transporte, Ángela María Orozco], basada en sus cuentas alegres, dice que aún hay plata para pagarles a los bancos, y para ello se sustenta en un peritaje que asegura que hay un remanente de 1,9 billones de pesos pendiente de pagar a la concesionaria. Pero no nos dijo que este peritaje ha sido cuestionado por todas las partes, incluidos los bancos y el Estado”, subrayó Duzán en el semanario.

Los cierto es que la ministra Orozco, recuerda la revista, no solo desmintió a Duzán en rueda de prensa en lo que tiene que ver con un supuesto acuerdo secreto o a espaldas del país, sino que aseguró que el Estado ya asumió una parte de la deuda con dos pagos efectuados en 2017 y 2019 por un monto de 1,4 billones de pesos.