El columnista aseguró este domingo en El Espectador que el militar también fue denunciado por acoso laboral, judicial y extralimitación de sus funciones por la capitana del Ejército Maritza Soto.

Desde agosto pasado, dice Akerman, la Procuraduría tiene en sus expedientes las pruebas de los hechos que le han ocurrido a la uniformada desde diciembre de 2018, cuando Garzón Rey asumió la comandancia de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, en Norte de Santander.

Incluso el columnista citó una entrevista que le dio la capitana Soto a ese mismo diario en septiembre pasado en la que entrega detalles del acoso sexual y laboral que sufrió, y en la que asegura haber soportado “humillaciones y ridiculizaciones frente a otros uniformados, además de traslados a sitios de combate —siendo ella oficial administrativa—, e insinuaciones sexuales con la promesa de que si accedía le iría mejor”.

Oficial de las Fuerzas Militares.

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Parte de ese relato dice:

“Un día se acercó y me dijo: ‘¿Quiere ver cómo me motivo yo?’. Y me mostró fotos de su celular, aparentemente de su esposa en ropa interior. Era la imagen del cuerpo de una mujer, semidesnudo, pero no se veía la cara. Cuando la miré, añadió: ‘Es que yo todavía estoy viga’”.

La denuncia en el Ministerio Público incluso está respaldada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, pero aún así la senadora del Centro Democrático Paola Holguín propuso el ascenso del oficial, aprobado recientemente por el Congreso.

“La plenaria del Senado aprobó a la 1:00 de la mañana [del 20 de diciembre] los ascensos de varios oficiales de la Fuerza Pública. […] Lo hicieron aprovechando la ausencia de los medios, sin transmisión de televisión y sin la presencia de la Bancada de la Paz. En la penumbra, desde lo oscuro, como cuando se hace algo de espaldas al país y de frente a la descomposición institucional”, dice el columnista.

Juan Fernando Quintero

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“Asqueroso, pero no es lo único mórbido que rodea” a Garzón Rey, añade en el texto al contar otra grave denuncia: un ‘falso positivo’.

Dice la columna que en 2015 el Consejo de Estado condenó al Ejército “por la ejecución extrajudicial de un joven en el marco de un operativo antiextorsión adelantado en noviembre de 2002 en Medellín”.

En el caso, un joven murió cuando le dispararon por la espalda en estado de indefensión, según el informe de balística, y “atacado por los agentes del Gaula del Ejército con conocimiento directo de su director, el entonces capitán Hernando Garzón Rey, que comandaba el operativo”, puntualizó Akerman.