Según detalló la OCHA en un comunicado, los desplazamientos de 381 personas se iniciaron el pasado 7 de septiembre en 11 aldeas del municipio de Tarazá, por la presencia de bandas criminales que “disputan el control territorial de las economías ilícitas”.

La información agregó que, “de manera preliminar”, hay familias que están “autoalbergadas” en casas de familiares y de amigos, mientras que otros se encuentran en el coliseo de La Caucana, un corregimiento que hace parte de Tarazá y a donde han llegado los desplazados.

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La OCHA detalló además que las administraciones local y departamental están ayudando a los damnificados pero consideró que “es necesario complementar la asistencia alimentaria con elementos de aseo y apoyo en la adecuación del albergue”.

Por otra parte, la secretaría de Gobierno de Antioquia, citada en la información de la oficina de las Naciones Unidas, afirmó que hay familias que no han salido de los caseríos en los que viven por “las intimidaciones de los grupos armados organizados”.

Por ello, suponen que tienen “restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales”.

“De continuar las acciones armadas y los ataques contra civiles es posible que se incremente el número de personas desplazadas en los próximos días”, añadió la OCHA.

Asimismo, señaló que en la última semana fueron asesinados dos líderes sociales de la región, que se suman a otros homicidios ocurridos este año, a ataques contra bienes civiles y a amenazas contra las comunidades campesinas.

Ante esta situación, el Ejército movilizó tres batallones a esos caseríos, según la Gobernación de Antioquia, y en los próximos días miembros de varias entidades irán a la zona a evaluar la situación y prestar la ayuda humanitaria requerida.

En ese departamento operan disidencias de las Farc, así como la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo.