El empresario colombiano Antonio José Cardona Sierra les habría hecho una oferta de compra de 4’000.000 de dólares en 2009 por el 66 por ciento de las acciones de la compañía, con lo que asumiría el control y la operación de la misma, de acuerdo con El Espectador.

Ese año, el comprador les habría girado 1.400 millones de pesos de anticipo, con lo que los hermanos se habrían puesto al día con diversos gastos atrasados. Ese diario señala que el resto del dinero se vendría a cancelar en cuotas trimestrales que quedaron plasmadas en 12 pagarés y la hipoteca de un predio en Melgar.

Sin embargo, el año siguiente Cardona pidió devolver los pagarés y anular la hipoteca a cambio de un porcentaje de venta de una obra de arte atribuida a Leonardo Da Vinci, de cuya originalidad dudaron y por lo cual se negaron a efectuar cualquier cambio. Desde entonces recibieron amenazas y tuvieron que salir de Colombia, pero el negocio nunca se cerró del todo.

Los italianos contrataron abogados para una conciliación que habría tenido lugar en 2010. El empresario colombiano asegura que a raíz de que la empresa tenía cuentas poco claras y deudas, en ese momento cancelaron toda la operación devolviendo el adelanto, los pagarés y anulando la hipoteca. Los italianos lo niegan señalando que los abogados no tenían los originales de tales documentos, por lo que tildan de ilegal cualquier acuerdo alcanzado allí.

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De acuerdo con El Espectador, los Centioni buscaron ayuda en la embajada colombiana en Roma. Luego, en 2011, habrían sido contactados por Claudia Lozano Doria, esposa del cónsul en la capital italiana, Pedro Castro Araújo. La mujer, que según ese medio habría salido de su cargo como directora de fiscalías de la Guajira tras acusaciones relacionadas con drogas y por ocupar el cargo sin ser abogada, se ofreció a mediar en su caso por 4.000 euros, pero los empresarios rechazaron tal ofrecimiento.

Después de esto, volvieron a prescindir de los nuevos abogados, pero ahora vuelven a insistir en su reclamo asegurando que las autoridades han desestimado el caso sin tener en cuenta sus reclamos, incluso en algo tan básico como la originalidad de los documentos presentados por sus representantes.

La defensa de Cardona sostiene que su cliente es la víctima, que también perdió dinero y que el hecho de que los europeos no hubieran hecho efectivos los supuestos pagarés originales demuestra que los que destruyeron en la conciliación sí eran legítimos.