Así lo dio a conocer este lunes el director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Jorge Cardozo, que en diálogo con RCN Radio dijo que el objetivo de revocar estos títulos es dar cumplimiento a la decisión de las 6.165 personas que votaron No a la minería en la región.

“Estamos analizando cuáles son los caminos que debemos tomar; si vamos a revocar los 18 permisos que tiene la empresa AngloGold Ashanti de concesión de aguas, de investigación científica, permisos de aprovechamiento forestal, o si por la figura del decaimiento del acto por ese mandato constitucional ya no están vigentes esos permisos”, manifestó Cardozo en la cadena radial.

El director de Cortolima advirtió en la emisora que aunque ya hay inversión en estudios de explotación de recursos la Corte Constitucional y el Consejo de Estado deben dar cumplimiento a la decisión popular ya que “por encima de los derechos colectivos no se pueden alegar derechos adquiridos o derechos relativos eventualmente”.

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Pero el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que pese a la oposición de la comunidad la compañía AngloGold Ashanti todavía puede seguir adelante con el procedimiento administrativo y adquirir la licencia para explotar oro.

“La consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley (…) no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás (…) Esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado”, explicó Arce, declaración que cita El Espectador.

También, reconoció que el resultado de la consulta popular (que ganó con un 97,9% de los votos) tendrá un impacto en las decisiones adoptadas por las autoridades locales.

La compañía minera, por su parte, emitió un escueto comunicado en el que anuncia que respeta el resultado del mecanismo de participación ciudadana y que analizará “las consecuencias y el impacto que tiene sobre el proyecto y sobre la minería en Colombia”.

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