Según el alto tribunal, Pita y al parecer otros militares “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron durante varios días la población de El Salado y sus zonas aledañas, prestando de manera omisiva su concurso para ese cometido criminal”.

Lo anterior iba en contra de su “mandato constitucional”, el cual les obligaba a “contrarrestar las acciones” que perpetraron las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 16 y el 19 de febrero de 2000, y en las que fueron asesinadas unas 66 personas, por lo que es considerada como la matanza más grande del país.

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En su momento, el oficial se desempeñaba como comandante de la Compañía Orca y mientras que los paramilitares se desplegaban en varias vías de El Salado, él y sus tropas recibieron la orden de desarrollar operaciones para trasladarse al lugar de los hechos y “neutralizar la acción de los violentos”.

No obstante, la Compañía Orca llegó a El Salado el 19 de febrero a las 6:00 p.m. después de que los victimarios habían abandonado la zona.

De igual forma, la Corte revalidó el testimonio del infante de marina Alfonso Enrique Benítez Espitia, quien aseguró en el año 2000 que “existió connivencia entre los militares y los grupos paramilitares para ejecutar las acciones en El Salado”.

Debido a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del Tribunal Superior y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena que impuso los 13 años de prisión al capitán.

Según informa Caracol Radio, la Corte Suprema anunció que todos los delitos relacionados con la masacre de El Salado deben ser declarados crímenes de Lesa Humanidad.

“Corresponderá a la Fiscalía y a los funcionarios judiciales que actualmente estén conociendo de los delitos relacionados con la masacre de El Salado, hacer la declaratoria de crímenes de lesa humanidad sobre las conductas lesivas ejecutadas en desarrollo de la misma y en relación con todos los partícipes e intervinientes en su ejecución, respecto de quienes se estén adelantando los respectivos procesos y, también, sobre los que aún no son objeto de intervención penal”, señaló la corte, citada por la emisora.