El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas valoró 75 entidades del nivel nacional, 64 del nivel departamental (32 gobernaciones y 32 Contralorías) y 28 capitales departamentales, excepto Bogotá, Medellín y Cali, entre enero 2015 y abril del 2016.
A pesar de la innovación normativa, las calificaciones promedio fueron de 68,2 sobre 100 puntos para las entidades nacionales, 61,5 para las departamentales y 56,8 para las alcaldías, explicó la Corporación Transparencia por Colombia en un comunicado.
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Las calificaciones más aceptables se clasifican en Riesgo Moderado y la conforman en un 27 % las entidades nacionales, 22 % de las gobernaciones y solo 11 % de las 28 alcaldías evaluadas, agrega la entidad.
La gran mayoría de las entidades fueron clasificadas en Riesgo Alto y Muy Alto de Corrupción, así: 60 % de las 28 alcaldías evaluadas, 50 % de las 32 Contralorías Departamentales, 40 % de las Gobernaciones y 19 % de las entidades nacionales, precisa.
“Los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones”, advierte Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación.
“De esta manera, la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”, añade Hernández.
Los resultados de la evaluación señalan que las entidades con mayores riesgos en la rama Ejecutiva son las gobernaciones y alcaldías de categorías menores, con calificaciones promedio de 51,0 puntos y 46 puntos sobre 100, respectivamente, y los sectores nacionales de Justicia, con una calificación promedio de 61,7 puntos sobre 100; Interior, con 62 puntos, y Agricultura y Desarrollo Rural, con 63 puntos.
En la rama Judicial, de las dos entidades evaluadas, la Fiscalía obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama Legislativa el Senado obtiene 55 puntos.
La Corporación Transparencia por Colombia resalta que la justicia, la agricultura y el desarrollo rural serán determinantes en la construcción del país del posconflicto, y debe prestárseles especial atención a estas entidades para que sus procesos sean transparentes y que un manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración.
También subraya que el control social sobre los procesos administrativos es una contribución a la lucha contra la corrupción, y que la evaluación ratifica que los avances e innovaciones normativas e institucionales no son suficientes para remover las prácticas clientelistas y abusivas de los procesos de la gestión pública.
“Si no cambian las prácticas políticas y administrativas, las normas no serán más que otro vehículo para la frustración e incluso para la desinstitucionalización”, destaca la Corporación. “Lograr un mejor Estado, que sea capaz de garantizar desarrollo en condiciones de integridad, obliga la acción de gobernantes, servidores públicos y ciudadanos”.
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