No hay que cerrarle la puerta a la inversión en minería legal

La directora del servicio informativo de Caracol Radio, Diana Calderón, pide que el país por fin tenga una política clara sobre cómo y en dónde explotar recursos minerales porque, según dice en su columna de El País de España, si Colombia sigue sumida en “zonas oscuras” y sometida a los fundamentalismos, quienes van a seguir sacando ventaja serán las bandas criminales.

“De qué manera explicar a las autoridades que el tema de la minería responsable es prioridad en Colombia y que por carecer de una política ambiental, la legislación hoy está en manos de las Cortes y un congreso ausente. Solo por el tribunal constitucional hoy tenemos protección a los páramos y la delimitación como mecanismo para definir y evitar afectaciones”.

Venezolanos en Colombia podrían llegar al millón

Esto podría pasar si efectivamente la banca internacional decide castigar a la decaída economía venezolana con embargos y más sanciones por los impagos de la deuda externa. El columnista de El Tiempo Mauricio Vargas pide a las autoridades centrar su atención a este fenómeno que sin duda va a golpear toda la frontera común entre Colombia y Venezuela.

“También han llegado delincuentes, o algunos que, sin serlo, terminan entregados al delito para darles de comer a los suyos. Pero, cuidado, que hayan comenzado a aparecer casos de venezolanos vinculados a bandas criminales no debe convertirse en excusa para estigmatizar al conjunto de los inmigrantes”.

¿Justicia selectiva y sesgada para civiles involucrados en crímenes de guerra?

Esa es la interpretación que María Jimena Duzán hace desde su columna de Semana en su análisis de las repercusiones legales que tiene el fallo de la Corte Constitucional de declarar exequible la JEP, pero con “mutilaciones” que favorecerían a los ciudadanos involucrados en el conflicto.

“Yo no me fiaría de esa generosidad de la corte porque el regalo va envenenado. Al dejarle a los civiles en la justicia ordinaria, la corte conminó a NHM a investigar y a ofrecer resultados sobre los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro del marco del conflicto que ni su antecesor ni él mismo han tocado”.

Se salvó la democracia, pero no así el poder de la Procuraduría

Para destituir e inhabilitar a funcionarios públicos, elegidos mediante voto popular, porque esta facultad será revisada cuando el Gobierno deba promover en agosto de 2018 una “profunda reforma legal del Código Disciplinario Único” que promete quitarle dientes al Ministerio Público, señaló Ramiro Bejarano en so columna de este domingo en El Espectador.

“Dan risa, por decir lo menos, las hipócritas advertencias de quienes sostienen que prohibirle a la Procuraduría destituir funcionarios elegidos por voto popular le impedirá combatir la corrupción, como si antes y ahora allá hubiese sido eficaz la lucha contra ese flagelo”, dijo Bejarano.

 

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