El escritor Héctor Abad Faciolince hace una fuerte defensa de la histórica sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis mínima en 1994 sobre la base de que allí mismo se aclaraba que el Congreso era la instancia competente para regular el consumo.
“La sentencia C-221 establece el qué: consumir droga deja de ser un delito y cualquier ciudadano adulto lo puede hacer. El dónde no está regulado y es eso lo que podría regular el Gobierno en vez de desgastarse en absurdas medidas de arresto, decomiso o solicitud de ridículos certificados de adicción”, precisó el columnista de El Espectador.
En el mismo sentido se pronunció el periodista Felipe Zuleta en El Espectador para quien el tema debe ser sometido a una dura regulación como ha ocurrido en algunos estados de Estados Unidos donde la venta de marihuana ha dejado ingresos por más de US$ 9.000 millones por concepto de impuestos.
“Entiendo que el Gobierno del presidente Iván Duque había prometido regular lo del consumo mínimo, pero me temo que el camino no es el que escogieron”, acentuó el columnista.
A su turno, la columnista de El Espectador y escritora Piedad Bonnett también cuestionó el proyecto del presidente Iván Duque y fue más allá al decir que “el problema no debe ser de represión, sino de educación y prevención”.
Bonnett dice que Duque se mueve sobre una línea autoritaria que revela varias cosas una de ellas, es que el Gobierno está claudicando a su deber de enseñar y educar, y que resulta una tontería “que para evitar la multa o la cárcel hay que demostrar que se es un adicto”.
Para el economista Rodrigo Uprimny el proyecto de prohibición hacia el porte y consuno de una dosis mínima de sustancias alucinógenas no solo es un retroceso sino que es la apertura hacia una criminalización con “requisas a quienes tienen pinta de consumidores (…) lo cual es contraproducente para enfrentar el problema del abuso de estas sustancias”, indicó el columnista de El Espectador.
La posición editorial de El Espectador recoge todas estas percepciones y dice que la decisión de Duque es una medida cosmética porque “subirán los arrestos, aumentará el precio de la droga, los consumidores se irán a la peligrosa clandestinidad, los colombianos con menos recursos serán los más perseguidos y los grandes capos del narcotráfico seguirán con su poder intacto”.
El país está “pendiente de un debate mucho más serio, desprovisto de moralismos inútiles y centrado en la realidad de hacia dónde van las políticas mundiales”, aseveró el sentido del editorial.
La columnista de El Tiempo María Isabel Rueda, reconocida por ser a fin a los principios del gobierno de Iván Duque, también salió a cuestionar el borrador del proyecto y pide que sobre este tema se apliquen otras miradas porque, según ella, no sería sano que a esta altura se mida la eficacia de la lucha contra el consumo con la cantidad de niños salvado por la droga por mes o por año.
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