Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), brazo armado de la banda criminal, hicieron un llamado a los gremios, organizaciones de víctimas, activistas, Iglesia católica y la comunidad internacional, entre otros, para que verifiquen el cumplimiento del cese de las acciones armadas.

“Declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del trece (13) de diciembre del presente año”, indicaron en un comunicado.

Además, pidieron a la guerrilla Eln, disidencias de las Farc y bandas narcotraficantes que se sumen a su propósito en “zonas donde por circunstancias territoriales” se enfrentan.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no considera al Clan del Golfo, surgido de remanentes de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006, un actor político por dedicarse principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

Pero en octubre presentó en el Congreso un proyecto para el sometimiento colectivo de las bandas criminales que les reduce penas y permite la conservación de parte de sus bienes.

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El gobierno lanzó en 2015 una ofensiva contra esta estructura.

De un ejército de 4.000 miembros, la organización se redujo a unos 1.800 tras los golpes propinados por las autoridades, incluida la muerte en septiembre de Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, segundo al mando de la banda, y de su predecesor Luis Orlando Padierna (‘Inglaterra’) en noviembre.

La banda está liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el hombre más buscado de Colombia y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que estudia el conflicto y a actores ilegales, el Clan del Golfo tiene presencia en 236 municipios de los 1.120 que tiene Colombia.

Conocida antes como Clan Úsuga o Los Urabeños, la organización controla hasta un 45% del tráfico de droga hacia Estados Unidos.

AFP