El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acató la demanda que presentó en abril pasado la dependencia del Ministerio Público, informa El Isleño.
En esa acción, la Delegada para Asuntos Ambientales pidió “la adopción de medidas para garantizar la seguridad, salubridad, medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro de esta área protegida”, agrega el mismo medio.
El Tribunal también ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) efectuar visitas de inspección, capacitación y control sanitario a los establecimientos de alimentos y bebidas.
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Coralina debe adelantar, así mismo, capacitaciones sobre el cuidado de los baños y de las trampas de grasa en el cayo, así como tomar medidas para la conservación de las especies y del medio ambiente.
El cierre del turístico Johnny Cay será efectivo después de diez días hábiles de haber sido notificada la medida, con el fin de que las autoridades involucradas puedan adelantar las diligencias administrativas correspondientes para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, añade El Isleño.
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